“El Barzón de Resistencia Civil del Estado de Veracruz”, continúa en la búsqueda de que se legisle para evitar que las financieras abusivas, tengan la posibilidad de embargar el recurso que se entrega a la población proveniente de programas sociales.

Teresa Carbajal Vázquez, representante de la asociación, dijo que están impulsando la “Ley Myrna”, que nació a partir del caso de una mujer veracruzana de 68 años, cuya Pensión del Bienestar fue retenida tras un juicio promovido por una financiera.

“Estamos solicitando la “Ley Myrna”, que tiene como finalidad la protección efectiva a los apoyos sociales que van dirigidos a los adultos mayores, ello derivado de la detección de embargos por parte de las financieras (…) por ello es indispensable adicionar al artículo 4º de la Constitución un párrafo que establezca de manera expresa la inembargabilidad de los programas sociales. Sólo así se garantizará que los apoyos lleguen de manera íntegra a quienes más lo necesitan”, expresó.

Aseveró que el caso de Myrna se hizo conocido en febrero de 2025, y desde entonces se han hecho gestiones ante el Senado de la República, el Congreso de Veracruz y la Delegación Estatal de Programas del Bienestar, a cargo de Juan Javier Gómez Cazarín, para que se respalde esta iniciativa, pero hasta el momento, no han tenido respuestas.

Con el apoyo de El Barzón, en junio se logró cancelar parcialmente la orden de inmovilización sobre la pensión de Myrna, pero el tema persiste. Ella pidió 50 mil pesos a la financiera “Préstamos Felices en 15 Minutos” y actualmente debe casi medio millón de pesos. Su caso, no sería el único.

“Desafortunadamente la vulnerabilidad de las personas en edad adulta mayor, el miedo, muchas veces a alguna represalia por parte de su familia, porque ellos saben que solicitaron una cantidad, pero cuando ven que les están cobrando casi medio millón de pesos, pues no tienen una explicación que darle a sus familiares, por eso muchas veces ellos prefieren quedarse callados e ir a hacer un arreglo con la financiera en donde puedan pagar una cantidad que desde luego les es imposible, sin embargo, caen de rodillas ante estas instituciones”.

Por ello, hicieron un llamado a legisladores federales y estatales a asumir con responsabilidad esta reforma, pues consideró inadmisible que los beneficios sociales sean utilizados como garantía de pago frente a deudas simuladas o contratos abusivos.