La tarde de este martes, los integrantes del Cabildo de Córdoba aprobó por unanimidad la integración del Comité de Integridad. Con esto, el Ayuntamiento de Córdoba reconoce que para prevenir la corrupción y aumentar la confianza de los ciudadanos en la institución es indispensable la construcción de una cultura de ética pública mediante la evaluación de la integridad del personal del ente municipal.

De esta manera, los ediles buscarán identificar las vulnerabilidades a la integridad en su entidad, evaluando el nivel de madurez de los sistemas de controles internos vinculados con la integridad, emitiendo en su caso recomendaciones en este tema.

El regidor segundo, Juan Antonio Téllez Ramírez, expuso que esto se fundamenta en el artículo 113 del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el título segundo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la Ley del Sistema Anticorrupción de Veracruz en su artículo quinto, en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado en su capítulo segundo y en los códigos de ética de conducta así como en el Reglamento Interno del Personal de Confianza del Ayuntamiento.

Se solicitó por parte de algunos ediles que la titular de ese ente fuera la contralora Lidia Aurelia Ramírez Contreras, pero se rechazó pues no podría fungir como juez y parte.

Se aclaró que los cargos en ese Comité de Integridad serán elegidos por la presidenta municipal, debido a que tiene la facultad para hacer los cambios necesarios a través de la asamblea porque tienen que sesionar dos veces al año.

En otro punto de la orden del día, se aprobó la solicitud de autorización para que la Presidenta Municipal y el Síndico firmen convenio general de colaboración con la Universidad Veracruzana para establecer las bases generales para realizar acciones de interés mutuo en materia de planeación y proyectos, gestión pública, medio ambiente, desarrollo sustentable, vialidad, infraestructura turística, desarrollo comunitario, difusión cultural, divulgación artística y salud.

En el punto ocho, se aprobó por mayoría la solicitud de autorización para la contratación del despacho Contreras Moreno y Asociados SC para la realización de la auditoría financiera presupuestal y la auditoría técnica de la obra pública para el ejercicio comprometido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 para ser cubiertos con recursos del FortamunDF con número de acción 2018300440278 en términos del artículo 73 octis de la Ley Orgánica del Municipio Libre y autorización a la presidenta municipal y el síndico para firmar el contrato de prestación de servicios profesionales correspondiente.

La regidora primera, Elia Yadira Espindola Carrera, señaló que en el catálogo del Orfis, el despacho Contreras Moreno y Asociados SC sólo está autorizado para practicar auditoría financiera más no técnica; aunado a que se tiene un importe de los cinco millones de pesos por esas acciones, cuando en 2017 se pagó un millón 795 mil pesos.

“El despacho Contreras Moreno y Asociados SC no podrá ser auditoría técnica, porque no aparece ningún registro de auditoría técnica, y hablando de transparencia tenemos un importe de 5 millones mientras que en el 2017 lo que pagaron fue de un millón 795 mil pesos, y mi voto es en contra porque tenemos una diferencia de más del 100 por ciento con el año 2017 y el despacho no está acreditado para la auditoría técnica”.