Una treintena de integrantes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) se manifestó en el parque Apolinar Castillo en Orizaba para rechazar las pretensiones de la empresa Teléfonos de México de afectar su contrato colectivo lo que afectaría a unos 60 mil trabajadores entre jubilados y activos.
El secretario del Interior del STRM de la sección 8 Omar Juárez dio a conocer que se emplazó a huelga para el próximo 25 de abril pues la empresa ha planteado que se va a desagregar y para ello creará una filial para salir de la condición de preponderancia.
Señaló que Telmex quiere crear una empresa filial, es decir partir en dos a la firma para dejar de subsidiar a la competencia y sobre todo salir del esquema de preponderancia y lograr que se modifique su título de concesión para poder dar otros servicios y competir en igualdad.
Con esto, se verá afectada la base trabajadora por ello se emplazó a huelga por las afectaciones que surjan al CCT de la desagregación a la que se someterá Telmex para cumplir los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
En otro contexto, el dirigente sindical mencionó que el 27 de febrero, el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) llevó a cabo una votación en la que definió y aprobó los lineamientos de la erróneamente llamada separación funcional de Teléfonos de México.
“En el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana como protagonistas de digitalización y la modernización de las tecnologías de la información y comunicación en México, nos pronunciamos en contra de dicha resolución, toda vez que es contraria al espíritu de la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones de 2013, ya que con esta medida y las aplicadas anteriormente a Telmex se desincentiva la inversión, se limitarán los objetivos de mayor y mejor interconexión, afectando el pleno ejercicio de derechos fundamentales de los mexicanos”.
Agregó que la decisión del IFT resulta ser una sobrerregulación intrusiva y causará descomposición y deterioro del sector de las telecomunicaciones en el país, lo que nulificará las afirmaciones del titular de la SCT al señalar que lo que ha hecho hasta ahora en el sector, ha dado beneficios tangibles.
“Con esta decisión, el regulador pone en riesgo la viabilidad de la empresa y la fuente de ingreso de más de 60 mil trabajadores telefonistas y de sus familias y a lo largo y ancho del país al castigar su fuente de empleo, esto provocado por la diferentes mediadas que impactan los ingresos de Telmex como el uso gratuito de su red y el pago de tarifas y irrisoria en interconexión ,lo que comprometen seriamente la viabilidad económica de la empresa y ahora con la aprobación del plan de separación funcional para crear una división y una empresa denominadas mayoristas, a las que tampoco se les garantiza su viabilidad financiera, técnica y operativa”.
Y es que el IFT pretende que la empresa separada subsidie de forma total a los demás operadores que compiten el mercado mexicano con Telmex determinando tarifas por debajo de los costos, por ello, esta decisión de separar a la empresa es más política que técnica y beneficia directamente a dos de las mayores transnacionales de las telecomunicaciones del mundo como AT&T y telefónica de España (Movistar), y especialmente a Televisa.
“Por lo anterior exigimos al IFT que se den a conocer los estudios de impacto económico y laboral a los que el instituto, como autoridad, está obligado a realizar para tomar la decisión de Telmex; en caso de no mostrarlos, supondrá su inexistencia y, por tanto, la ilegalidad de esta determinación”.
Exigieron que se respete de manera total al artículo 18 transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mismo que protege los derechos individuales y colectivos de los trabajadores telefonistas, mismo que establece:
“Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en las empresas y organismos dedicados a las actividades que comprende el presente derecho de respetaran todo momento de conformidad con la ley”.
“Por lo anterior, denunciamos que el IFT incumple los mandatos constitucionales en materia de telecomunicaciones e incumple con su propia normatividad al ordenar la separación de Telmex cuando ha cumplido con todas las medidas que se la ha impuesto y que le mismo regulador ha reconocido en su página web, así mismo que no se percibe en ciertos funcionarios del IFT un conocimiento profundo de las necesidades del sector, ya que concentran su atención en impulsar modelos teóricos carentes de una visión de desarrollo y compromiso social”.
Indicó el entrevistado que los telefonistas consideran que la mejor alternativa para garantizar el cumplimiento de los derechos consagrados en artículo 6 de la Constitución es mantener a Telmex como una sola empresa permitiendo su participación en los llamados servicios convergentes, “dentro de un esquema de tarifas que garantice la recuperación de sus costos de operación, así como las inversiones que dicha empresa y que sus competidores se obliguen a realizar para integrará al sistema de telecomunicaciones del país a los de cerca de 50 millones de mexicanos que actualmente se encuentran marginados de las tecnologías de la información”.