La comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli García Álvarez, lamentó que en el Congreso del Estado aprueben leyes sin considerar el impacto económico que representa su implementación.

Prueba de ello, dijo, son las Leyes de Transparencia, la Ley de Datos Personales y la Ley de Archivos, en las cuales no se previó el recurso que implicaría su cumplimiento.

“No (se calculó el impacto económico), de hecho, nosotros presentamos acción de inconstitucionalidad sobre la primera Ley precisamente por eso”.

Consideró que los congresos tienen la obligación de hacer un análisis del impacto presupuestal que implica emitir una Ley, sin embargo, al no hacerlo, existe el riesgo que de que no se cumplan las obligaciones que las leyes requieren.

“No se hizo (el análisis) y entonces no se hicieron las asignaciones correspondientes, no sólo al IVAI, sino a los sujetos obligados, pasó con la Ley de Datos también, no se hizo una asignación del recurso y ahorita tenemos un año para armonizar nuestra Ley de Archivos con la Ley General de Archivos, esperemos que esta vez los Congresos de todos los estados hagan el impacto presupuestal de cuántos recursos necesitarían las dependencias para cumplir con las obligaciones que establece la ley”.

La comisionada, dijo desconocer el monto que se requeriría para cumplir las acciones que marcan las leyes, debido a que cada sujeto obligado tiene diferentes capacidades institucionales.

Recordó que desde antes de que se aprobara la Ley de Transparencia, en el año 2016, el IVAI expresó que algunos sujetos obligados tendrían problemas para cumplir los requerimientos de la ley, sin embargo, los legisladores no lo tomaron en cuenta.

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