Integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción A.C. (AMIC) esperan que con la eliminación del Artículo 26 de la Ley de Obras Públicas se termine con la posibilidad de la asignación directa de contratos que hacen los gobiernos para favorecer a algunas empresas.

El gobierno federal contrata el 82 por ciento de las obras que se ejecutan por asignación directa y en los estados se estima que sea un 70 por ciento.

"El principal objetivo es terminar con la corrupción que ha venido en crecimiento en el sector de la industria de la construcción. Desde 1999 en que el presidente Zedillo modificó la ley e incluyó dentro de ésta el artículo 26, que establece que los municipios, los estados y la federación podrán contratar obra por asignación directa o por licitación restringida, y este pequeño detalle de la Ley es lo que ha permitido al sistema gubernamental caer en la tentación de la corrupción, porque tienen la facilidad, la facultad de poder otorgarle la obra a sus amigos", dijo el presidente nacional de la AMIC, Francisco Gallo Palmer.

"Lo que tenemos que hacer es eliminar el artículo 26 de la Ley de Obras Públicas y ajustarnos a lo que establece la Constitución, el artículo 134 establece que toda la contratación de obra pública tiene que ser por licitación pública y eso es lo que le permitiría a todas las empresas del nivel que sean, poder participar libremente en cualquier concurso", insistió en el marco del foro regional donde fue presentada esta propuesta para la modificación de la Ley de Obras.