El presidente de la Federación de Licenciados en Derecho del Estado de Veracruz, Miguel Contreras González, dio a conocer que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) tendría que devolver los montos descontados a maestros de la entidad por la contratación de créditos realizados por algunas empresas financieras a través de la falsificación de firmas.

En entrevista, explicó que se tiene conocimiento de la existencia de cerca de 2 mil contratos efectuados de forma irregular los cuales en muchos casos ya cuentan con un procedimiento civil que podría derivar en el requerimiento de pago al IPE

"Hay diligencias y algunas demandas en contra del IPE, están por emplazar al IPE, una cuestión son, las cuestiones de carácter civil para efecto de demandar la nulidad de esos contratos y la nulidad del descuento y la devolución de los dineros que de forma indebida les han descontado. Definitivamente, si el contrato es nulo, es falso, obviamente el IPE tiene que devolverles ese dinero, ya sería un problema generado entre el IPE y las financieras", indicó.

Asimismo, Contreras González destacó que en estos casos de falsificación de firmas para la asignación de estos contratos con las financieras estaría involucrado personal de algunas dependencias gubernamentales quienes serían cómplices de las empresas financieras.

"Ahorita se han interpuesto algunas diligencias en los juzgados para efecto de que en primer término, el Instituto de Pensiones del Estado aclare el motivo por el cual les están descontando, tomando en consideración que muchas financieras falsificaron sus firmas a efecto de meterlas y que a partir de ahí se les descuente, derivado del hecho de que existe un convenio entre el IPE y las financieras", apuntó.

Por lo anterior, el abogado aseguró que en los juicios se demostrará que los contratos de créditos son prefabricados, las firmas falsificadas y que tanto los datos de los solicitantes como las referencias son falsas.

Finalmente, agregó que por la vía civil se están integrando actualmente datos de alrededor de 30 afectados, sin embargo, el asunto se atraería también por la vía penal, donde además se denunciará omisión.