A mediados de mayo del 2018, será cuando el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) presente denuncias penales en caso de no solventarse el daño patrimonial superior a los 12 mil 493 millones de pesos detectado en la Cuenta Pública 2016.

El director general de Asuntos Jurídicos del ente fiscalizador, Óscar Ocampo Acosta, dijo que el martes de esta semana se concluyó la fase de prestación de pruebas y alegatos que hicieron servidores y ex servidores públicos de 29 entes estatales y 102 entes municipales observados con presunto daño patrimonial.

Por lo que ahora, el ORFIS tendrá 45 días hábiles para valorar las pruebas que se han aportado, e incluso en algunos casos se están ordenando visitas físicas a la obra pública.

Y es que entre el 28 de febrero y el 13 de marzo del 2018 el este órgano emitirá resoluciones que determinarán qué entes estatales y municipales pudieron solventar el presunto daño patrimonial, y quienes no lo pudieron hacer.

El funcionario, recordó que los entes fiscalizables que no hayan podido solventar el presunto daño patrimonial en la fase de presentación de pruebas y alegatos, pueden combatir, conforme a derecho, la resolución que se emita mediante un Recurso de Reconsideración.

Expuso que el Recurso de Reconsideración deberá presentarse ante el ORFIS y una vez admitido, los entes tendrán la oportunidad de aportar nuevos elementos de prueba que no hayan tenido a la mano en el momento del desarrollo de las audiencias en la fase de pruebas y alegatos, y el ente fiscalizador tendrá 30 días para valorarlas y emitir una nueva resolución.

Anadió que otra posibilidad es el Recurso de Nulidad, el cual debe presentarse ante el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo, aunque comentó que para esas fechas ya estará funcionando el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, por lo que será ese nuevo organismo autónomo que determine al respecto.

Enfatizó que a mediados de mayo de 2018 ya se estaría en condiciones de formular las denuncias penales en contra de los entes que no hayan podido solventar.

Hay que recordar que el dictamen de la Cuenta Pública aprobado por el Congreso del Estado se determinó un presunto daño patrimonial superior a los 12 mil 493 millones de pesos, de los cuales, 11 mil 844 millones 148 mil 903.31 pesos se detectaron en 29 entes estatales y 648 millones 647 mil 287.42 pesos en 102 ayuntamientos.

Además, las 16 denuncias penales por la Cuenta Pública 2016 que hasta el momento se han presentado, corresponde a lo ordenado por el Congreso del Estado al momento de aprobar el dictamen.

Esto se debido al encontrarse observaciones consideradas de imposible solventación por un importe mayor a los 5 mil 518 millones de pesos, razón por la cual, se instruyó al Órgano de Fiscalización Superior, presentar ante la Fiscalía General del Estado las denuncias correspondientes contra los servidores o ex servidores públicos, a efecto de eliminar estas conductas para que no queden impunes.