La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Veracruz, Namiko Matzumoto Benítez, negó haber guardado “silencio institucional”, luego de ser cuestionada sobre la reforma a la Ley por los delitos de Ultrajes a la Autoridad.

Dijo que la Comisión sí actuó y acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ejerció su facultad de atracción y posteriormente, emitió una recomendación para derogar el delito en Veracruz.

Advirtió en la redacción del artículo, la falta de taxatividad y la probable sanción de discursos protegidos por la libertad de expresión, generaron que haya muchas personas acusadas del delito, por lo que decidió proceder ante el máximo órgano del país.

“En tiempo y forma se puso la acción de inconstitucionalidad y estamos a la espera de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, acotó.

La reforma establecida en el Código Penal del Estado de Veracruz dentro del Capítulo XIII de Ultrajes a la Autoridad en el Art. 331, aumentó la penalidad de dos hasta siete años de cárcel a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones.

En ese tenor, Namiko Matzumoto, se excusó que, por Ley, se encuentra impedida a emitir opiniones o pronunciamientos respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este tipo penal.

“Desde el 18 de marzo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió un posicionamiento cuando, justamente, se discutía por sectores académicos, la sociedad civil organizada, en fin, la constitucionalidad o no del delito de ultrajes a la autoridad. Emitimos un posicionamiento muy claro. Establecimos que por una disposición taxativa de la Ley que nos rige, estábamos impedidos como organismo protector de derechos humanos a emitir una opinión o pronunciarnos respecto de la constitucionalidad o no de este tipo penal”, argumentó.