Propietarios de los predios ubicados en la zona conocida como Sierra Alta, en el municipio de Coatepec, interpondrán una denuncia ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, en contra de los servidores públicos que resulten responsables, por buscar aplicar el deslinde de 2 mil hectáreas del lugar.

La abogada de los propietarios, Itzel Jurado, recordó que el conflicto en Sierra Alta inició hace un par de años cuando un grupo de campesinos llegó a invadir la zona a pesar de que tiene dueños.

Los invasores presuntamente falsificaron actas de posesión y las presentaron ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para acreditarse la propiedad, por lo que la dependencia inició un procedimiento de deslinde.

“A través de un amparo colectivo se logró la suspensión definitiva de cualquier acto de autoridad para que no se lesionara el medio ambiente o el agua”, recordó.

Criticó que a pesar de que en el amparo que ganaron se especificó que los terrenos debían mantener el orden que actualmente guardan, en fechas recientes los propietarios fueron notificaciones de parte de la Sedatu, que habrá acciones de medición y deslinde que se prevé aplicar en los terrenos.

“Desde nuestra perspectiva, esta acción, además de implicar una violación a la suspensión definitiva también implica un ataque al orden constitucional y un desafio a los jueces federales”, dijo.

En ese tenor, aseveró que en caso de que la Sedatu continue con el deslinde, se puede llegar a comprometer el agua para Xalapa, ya que de la zona de Coatepec se provee el 40% del líquido a la capital.

“La intención del Gobierno Federal es declarar terreno nacional esa zona por encima de los derechos de los propietarios para luego venderlos a los invasores que ilegalmente tienen dos años ocupando esos espacios”, dijo.

Finalmente, consideró que los actos tienen fines de clientelismo electoral, por lo que dijo, el próximo lunes acudirá ante las instancias federales para presentar una denuncia por la violación al amparo y en contra de los servidores públicos que se han visto involucrados en estos actos ilegales.