Los familiares de Raúl, Adriana, Itzel, Gonzalo, Rogelio, Gabriel y Erwin, quienes presumiblemente el pasado 30 de marzo fueron sustraídos de un estudio de tatuajes ubicado en el municipio de Orizaba, y que ahora están detenidos en el penal del Amatlán por ultrajes a la autoridad, exigieron al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez "recapacitar", y ponga el libertad a los jóvenes.

Los familiares rechazaron las acusaciones que se han realizado en contra de los jóvenes, ya que aseguraron son inocentes, por lo que repudian la forma en la que las autoridades del Estado han llevado el proceso, omitiendo y negado que se trató de una desaparición y lo han manejado como una detención que ya fue legalizada por un juez.

"Y ahora buscan una vinculación a proceso, uno de ellos: Ultrajes a la autoridad, al parecer el delito de moda en esta administración encabezada por el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez".

Insistieron en que son siete las personas que están detenidas en el CERESO de La Toma en Amatlán, Veracruz, luego de ser involucrados en un supuesto enfrentamiento contra la policía en la zona de Villa Unión, en Fortín, cuando los 7 fueron privados de su libertad a plena luz del día y ante testigos en la calle Madero Norte de Orizaba.

"Llama la atención el hermetismo con el que en las primeras horas manejaron el asunto, y la declaración de mismo gobernador, horas después diciendo que se trataba de una detención, cuando existen al menos 4 denuncias en la fiscalía Especializada de Orizaba por desaparición, denuncias de las que por cierto, se negaron a proporcionarnos copia en la Fiscalía de Córdoba, pues justamente son pruebas contundentes que podrían echar abajo sus acusaciones desde la primera audiencia que ya se llevó a cabo el día viernes con una duración de 12 horas con un resolutivo de prisión preventiva para nuestros familiares que han pasado de víctimas a victimarios de una manera grotesca y vil, en lo que se trata de un montaje orquestado".

Por este motivo, exigieron a Cuitláhuac García, al secretario de Gobierno, Erik Cisneros, a la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns y, en especial, al Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado a recapacitar, revisar el caso y liberar inmediatamente sus familiares.

"El pueblo ya no soporta más abuso de poder, más casos de abuso policiaco y la clara colusión e incompetencia por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia en este estado de la República. Señor Gobernador, no se abate la impunidad culpando a inocentes".