Organizaciones dedicadas a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos así como académicos y sociedad civil, solicitaron al Congreso de Veracruz que sea derogada la Reforma al Código Penal, la cual, fue aprobada el pasado 11 de marzo y endurece las penas del delito de “Ultrajes a la Autoridad”.

Y es que afirman, la Reforma viola estándares nacionales e internacionales impactando negativamente en el ejercicio de diversos derechos humanos y propiciando la criminalización de la protesta social, el disenso y el libre ejercicio de la libertad de expresión.

Al respecto, la asesora jurídica de “Equifonía” A.C., Adriana Fuentes, dijo que la reforma ha sido ampliamente analizada por académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y, a través de una carta pública enviada al Congreso del Estado, se señalan sus irregularidades.

“La redacción resulta vaga e imprecisa, carente de toda técnica legislativa, significando una criminalización de conductas que bien podrían concurrir en otros tipos penales existentes, ocasionando una interpretación indebida y arbitraria tanto por los operadores de investigación como por autoridades judiciales”, expresó.

Consideró que con la Reforma, lo único que se está haciendo es darle poder a los cuerpos policiacos para cometer abusos hacia los ciudadanos, pues este tipo penal permite la criminalización de conductas e interpretación indebida y arbitraria.

“Con este tipo penal se está poniendo en riesgo a la ciudadanía, no a los y las policías y si quisieran de alguna manera facilitar el trabajo de las corporaciones, sería importante que capacitaran a sus cuerpos policiales para poder de realizar su labor de manera correcta”.

En caso de que no sea derogada, la otra vía podría ser la presentación de una acción de inconstitucionalidad, sin embargo, el plazo para ello vence en 12 días.

Por ello, consideraron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), es quien debe presentar la acción y el congreso aceptarla, de lo contrario buscarían instancias nacionales e incluso internacionales para echar abajo esta ley.

“Lo que se puede hacer, es que desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos impulse la acción inconstitucional correspondiente y también lo que se está pidiendo el Congreso también está facultado para presentar esa acción de inconstitucionalidad o que pudiera legislar nuevamente y echar abajo la reforma”.