La candidata virtual a la diputación federal por el distrito de Zongolica por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sabina Martínez Pinto, interpuso un Procedimiento Especial Sancionador ante la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE) por violencia política en razón de género.

El recurso va en contra de la subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana, Sarahí Peña Galaviz, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Y es que en su justificación, explicó que desde el pasado mes de enero solicitó licencia sin goce de sueldo ante la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para poder participar en la próxima elección, sin embargo, se le ha negado obstaculizando sus derechos políticos electorales.

“El abogado me decía que este tipo de temas, de acuerdo a la ley electoral y las reformas que han habido ya son delitos graves, y que todas aquellas personas que tengan conocimiento, de alguna manera son responsables por omisión”, añadió.

Detalló que esta está obligada a acudir a su trabajo para no
hacerse acreedora de alguna acta administrativa, pues se le ha negado el permiso, presuntamente por la pandemia.

"Es un argumento muy absurdo porque yo no desarrollo una tarea sustancial dentro de la Secretaría, tiene año y medio que no me han dado alguna actividad a realizar, entonces creo que vaya o no vaya no impacta en la institución”, dijo.

Recordó que el 31 de enero, el PRD aprobó la lista de las candidaturas en los distritos donde ellos encabezarían la alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), sin embargo, han pasado varios días desde su petición sin que ella tenga una respuesta.

“Son 15 días hábiles para que te den respuesta, no se me dio respuesta, el 29 de enero mandé otro oficio en alcance para solicitar una respuesta y tampoco se me dio. Busqué y fui a pedir una audiencia con el secretario la semana pasada y lo que me comentaron, su secretaria particular, es que no había en su agenda tiempo disponible para la audiencia, que siguiera insistiendo”, recordó.

Precisó que dado que el 6 de junio es la elección, 90 días antes tendría que retirarse del cargo, por lo que el plazo se vencerá en los próximos días.

Esta situación ha merecido el pronunciamiento de agrupaciones feministas denunciando violencia política por razón de género, por lo que analiza ir acompañada por algunas de ellas el próximo lunes ante el Organismo Público Local Electoral a interponer el mismo recurso de inconformidad.