Al menos 24 mujeres en Veracruz han sido acusadas de homicidio calificado por haber interrumpido su embarazo en los últimos 3 años.

De acuerdo a Patricia Bedolla, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apruebe el recurso que obligaría al Congreso de Veracruz a modificar su legislación para aprobar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), se podría apoyar a las mujeres que se encuentran recluidas por haber abortado.

Se abundó que la modificación legal podría impulsar sus liberaciones y es que consideró que las 24 mujeres están pagando penas violatorias de los derechos humanos.

Agregó que la sentencia puede romper, además, el cerco de impunidad que se encuentra y que es como un cáncer en todo el país en materia de la violencia en contra de las mujeres.

“Y que se debe combatir con políticas públicas reales y sobre todo con tomadores de decisiones que basen esas decisiones en la ética pública que no es otra cosa hoy que el respeto irrestricto a los derechos humanos”, añadió.

María de la Luz Estrada de Católicas por el Derecho a Decidir, recordó que como parte de las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), dentro de la declaratoria de Alerta de Género por Agravio Comparado, se incluyó que el Poder Judicial de Veracruz debía revisar los casos donde se ha criminalizado a las mujeres y hasta ahorita ese informe no se ha otorgado.

Aunque este miércoles la SCJN discutirá únicamente la omisión legislativa al no haber modificado la ley para despenalizar el aborto, será importante para la salud reproductiva de las mujeres y para tener datos claros de cuál es la situación de las mujeres que están recluidas por el tema del aborto.