Debido a que el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), cobra 90 mil pesos por el tratamiento de cáncer, la tarde de este miércoles 60 padres de familia habrán de ampararse ante un Juez de Distrito Federal con sede en Córdoba.

En rueda de prensa, los padres de los 60 niños y niñas que padecen de cáncer lamentaron que el Gobierno les cobre por estos padecimientos.

Por eso acudieron ante la autoridad federal para que se aplique el amparo y se les dé la atención gratuita tanto en medicinas, estudios y exámenes para conocer el tipo de cáncer que padecen los pequeños.

La abogada Ana María Yashima del despacho Rodal Oceguera dio a conocer que presentarán este amparo en contra de la omisión que impera en el Hospital Regional de Río Blanco por no otorgarles el servicio y contra del cobro de recuperación.

Expuso que ya se tiene preparada la defensa para solicitar un amparo ante un Juez de Distrito para que estos niños se les otorgue la atención médica integral a la que tienen derecho.

La abogada señaló que el personal administrativo del Hospital es el que hace el cobro de los 90 mil pesos, pero admitió que no es culpa de los empleados, sino que todo es cuestión de la situación legal que mantiene en la incertidumbre a los hospitales por la creación del Insabi.

Acusó que esta responsabilidad recae en los dos gobiernos Federal y Estatal, porque el Insabi es un sistema de salud universal que se está implementado desde la reforma y desaparición del Seguro Popular.

La entrevistada señaló que de no contar con la atención, un niño que tiene cáncer o leucemia y sino le suministran medicamento, en unos días se muere.

Por ello, solicitarán al Juez de Distrito que garantice y ordene a las autoridades que no sólo se garantice la atención de un médico o la hospitalización, sino también los suministros, estudios, medicamentos, análisis, tomografías y todos los insumos necesarios y que no se les cobre porque son niños de escasos recursos.

Lamentó que no se aplique el Insabi como debería ser pues ahora que a los hospitales les cortaron los recursos del fondo de gastos catastróficos, ahora tienen que cobrar para asegurar el pago por la atención del tercer nivel.

Por su parte los padres de familia expusieron que la salud y vida de sus hijos, está en manos de la justicia.

"Nosotros no podríamos pagar el alto costo de los medicamentos de nuestros hijos y nos ponemos en lugar de esos papás que están por todo el país que están pasando por el mismo problema y que el gobierno les atienda a sus hijos como es obligación, ellos están obligados a garantizar y respetar junto con lo que establece la Constitución y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud y si las personas hacen uso de los servicios de salud, el derecho de tener prestaciones oportunas profesionales e idóneas y responsables porque nuestros hijos no los están recibiendo del gobierno, hoy la vida de nuestros hijos está en las manos de la justicia, el tiempo para nuestros hijos así es de vida o muerte".