Aseverando que se trataron de homicidios, muertes no delictivas, suicidios o muertes por omisión de cuidado, la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, disminuyó el número de feminicidios ocurridos en la entidad.

Fue durante su comparecencia ante diputados del Congreso local, que expresó que se realizó una investigación en las 142 carpetas de investigación que fueron abiertas por el delito de feminicidios y se determinó reclasificar 42.

“Se hizo una reclasificación exhaustiva resultando únicamente un total de 100 carpetas de feminicidio, las restantes derivaron en homicidios, muertes no delictivas, suicidio, muerte por omisión de cuidado, entre otros”, expresó.

Pese a ello, reconoció que, según los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz sigue en el primer lugar de feminicidios a nivel nacional.

En todo momento, Hernández Giadáns buscó la forma de culpar a su antecesor Jorge Winckler Ortiz, de todos los cuestionamientos incómodos que se le hicieron, entre ellos, el tema de la adjudicación directa de contratos.

En ese tenor, la diputada del PAN, Maryjose Gamboa Torales, aseveró tener conocimiento de que, desde su llegada a la Fiscalía, se han realizado siete contratos por adjudicación directa por un monto de 15 millones 284 mil pesos, de los cuales, dos han sido hacia la Secretaría de Seguridad Pública y otros a empresas fantasmas y de Baja California.

La legisladora exhibió que lejos de licitar papelería o insumos para la correcta integración de las denuncias, a su llegada, Hernández Giadáns solicitó arreglar el aire acondicionado de su oficina; dicho contrato le fue otorgado a la empresa Prodicon S.A de C.V., ubicada en el puerto de Veracruz, por un monto de 4 millones 15 mil 51 pesos.

Sin embargo, dijo que la empresa en cuestión no es más que una casa ubicada en el fraccionamiento Virginia, cuya fachada fue mostrada por la legisladora.

Asimismo, Hernández Giadáns pagó casi 5 millones de pesos, vía adjudicación directa, a una empresa de Baja California denomianda “Tecnología Aplicada a Corporativos S.A. de C.V.”. También pagó 2 millones 320 mil pesos a la SSP.

La encargada de despacho justificó que la adjudicación directa de la empresa de Baja California se hizo antes de su llegada al organismo, sin embargo, reconoció que fue ella quien firmó el contrato.

Por otra parte, defendió la contratación de personas originarias de otros estados en cargos de dirección de la Fiscalía, especialmente en el caso de Samuel López, actual director de la Policía Ministerial y quien es originario de Nuevo León.

“Tratándose de seguridad no hay una ley que me obligue que todos mis funcionarios sean veracruzanos; en segundo lugar, lo invite por su trayectoria, capacidad y profesionalismo y los antecedentes que tiene a lo largo de su carrera profesional”.

También fue cuestionada sobre la forma irregular en la que se baría dado su nombramiento, a lo que se defendió al afirmar que a ella la invitaron a ser fiscal y que todo fue legal.

El diputado Omar Miranda le solicitó que si su llegada a la Fiscalía fue legal, le envíe el fragmento de ley donde viene contemplada la figura de “encargada de despacho” y que ésta puede asignarse por “invitación”.

En otro orden de ideas, se le cuestionó sobre los avances en las investigaciones de los homicidios de dos ciudadanos en el municipio de Atzalan, quienes se presume, habrían sido ejecutados por elementos de la SSP y sobre la muerte del ex diputado Juan Carlos Molina, a lo que se limitó a responder que ya hay avances que no puede difundir por “la secrecía de la información”.

Y en el tema de los más de 300 aviadores que denunció que encontró a su llegada a la Fiscalía, Hernández Giadáns se contradijo al afirmar en una solicitud de información que no había conocimiento de dicha información, aunque en la comparecencia afirmó que “están investigando al respecto”.

La comparecencia duró más de cuatro horas.