Más de la mitad de los contratos y servicios realizados por la administración estatal de Cuitláhuac García Jiménez, han sido para empresas foráneas, así lo reconoció la Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez.

“En el presente ejercicio fiscal conforme al 15 de noviembre se tienen registradas un total de 25 mil 151 operaciones de las cuales, 23 mil 154 se contrataron con empresas veracruzanas y mil 996 para foráneas, eso es en porcentaje, los montos son otros, diremos que el 42 por ciento fue para empresas veracruzanas y el 58 por ciento para foráneas. Esa es la información que me hacen llegar los órganos internos de control”.

Durante su comparecencia, también fue cuestionada por el diputado Gonzalo Guízar Valladares, respecto a la posible simulación en la que habría incurrido la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), al declarar “desiertas” las licitaciones para hacer asignaciones directas.

En ese sentido, la Contralora confirmó que casi el 60 por ciento de los contratos son por este tipo de adjudicación.

“En cuanto a la modalidad de contrataciones de bienes y servicios, bueno, igual tenemos la contratación pública nacional tenemos el 30.11% y la adjudicación directa en 58.85, sin lugar a dudas hay un área de oportunidad lo pondremos dentro del programa general de trabajo”.

Asimismo, reconoció que la Contraloría ha hecho las recomendaciones correspondientes a las dependencias respecto a las adjudicaciones directas, sin embargo, la facultad de asignar los contratos es de los secretarios de despacho.

“Le comento que los que asistimos de parte de la Contraloría, hacemos pronunciamientos a las comisiones de obras y sub comités de adquisiciones, una de las partes fundamentales de la Contraloría, es servir como asesor y pronunciarse ante esos comités y quedan plasmados en las actas de adquisición, y si aún con la opinión que emitimos lo hacen, pues ya es responsabilidad es el funcionario público”.

También se le preguntó sobre el tema del subejercicio a lo que la funcionaria afirmó que van a hacer “todo lo posible” para que el gobierno estatal no caiga en subejercicio y las dependencias logren ejercer la mayor parte del recurso federal recibido.

“Y ahorita que estoy en el cargo de contralora, se pidió al Director de Fiscalización Interna se lleve un seguimiento, continuamente por semana se les está preguntando cómo van y que actualicen las cifras y que no haya él se me pasó, o tengo otra prioridad, la prioridad es ejercer el dinero que se le da el gobierno federal y que sea lo menos posible lo que se tenga que reintegrar a la federación”.

Y dijo que la mayoría de las ejecutoras ya solicitaron la liberación del recurso, “y vamos a hacer todo lo posible en coadyuvar para que se pueda llegar, sino a la totalidad, que no vaya a ser un monto grave de subejercicio, porque eso implica una responsabilidad”.

Sobre los pasivos heredados por administraciones anteriores, admitió que son una “papa caliente” para el gobierno del Morenista, Cuitláhuac García Jiménez, que tendrá que hacer frente a deuda que le fue heredada sin suficiencia presupuestal.

"(Los pasivos) es una papa caliente, cuando nos lleguen tendremos que avocarnos a evaluar y emitir el dictamen para mandarlo conjuntamente con la unidad administrativa”.

Y se comprometió a que cuando lleguen los expedientes para validación de pago, lo harán de manera eficiente, sin generar rezago en la aprobación como ocurría en el pasado.

Respecto a la posibilidad de usar los bienes incautados a funcionarios de Javier Duarte para crear un fideicomiso y cumplir los compromisos contraídos con empresario, muchos de ellos en la quiebra, la funcionaria respaldo la medida administrativa, “sin embargo, como todavía no quedan todos los puntos aclarados, sería inadecuado tomar algo, aunque sea por una buena causa, si hay un litigio, sería una irresponsabilidad y nos podría llevar a sanciones penales”.

Finalmente, mencionó que del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, se han radicado 165 expedientes de procedimientos disciplinarios relacionados con servidores y exservidores públicos del poder Ejecutivo, que hayan cometido omisiones o actos de corrupción en el ejercicio de su encargo, puesto o comisión.

Por la misma circunstancia se han emitido 318 resoluciones correspondientes a 109 inexistencias de responsabilidad administrativa, 173 sanciones y 36 sobreseimientos, además que dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa se han radicado 55 expedientes, en tanto que del Procedimiento de Sanción a Proveedores se encuentran radicados 12 expedientes. Sin embargo, a la fecha ninguno ha concluido.