Más de 60 mil millones de pesos de intereses es lo que pagará el Gobierno del Estado por la reestructuración de la deuda pública de Veracruz, así lo dio a conocer el Secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco.

A esa cifra se le deben sumar los 37 mil millones de pesos de capital de la deuda pública, por lo que en total, se pagarán 97 mil millones durante los próximos 20 años.

Fue durante la comparecencia de Lima Francos que el tema se abordó luego de que el diputado panista Bingen Rementería Molina le cuestionara.  El funcionario detalló que incluso ya se tienen los bancos que participarán en la nueva reestructuración de la deuda.

“Banobras se llevó 25 mil millones, ellos traían cerca del 46 por ciento y pasó a tener una posición del 67 por ciento, es decir, se llevó casi la tercera parte de la deuda de Veracruz con 25 mil millones y ofreció una tasa de 0.72 por ciento”.

El resto de la deuda, dijo, lo llevará Santander, Banorte, Bancomer y Banbajío.

Lima Franco también afirmó que con la reestructura se logrará una liberación significativa de recursos.

“Estamos pretendiendo liberar para el 2020, 443.1 millones; para el 2021, 584.7 millones; para el 2022, 749.3 millones; para el 2023, 906.4 millones y para el 2024, mil 21 millones. Para el periodo de 2025 al 2028, 3 mil 6 millones”.

Y precisó que con este nuevo plan el plazo de pago bajó de 21.5 años a 20 años y la sobretasa disminuyó del 1.17 al 0.73 por ciento.

En otro orden de ideas, fue cuestionado respecto al subejercicio en que podría estar incurriendo el Gobierno.

El Secretario de Finanzas dijo que se tiene hasta el 31 de diciembre para comprometer las obras y al 31 de marzo para tener las obras concluidas

“Estamos trabajando con todas las unidades ejecutoras de obra, estamos tratando de darle todo lo que corresponde para que puedan hacer adjudicaciones, licitaciones y creemos que sin ningún problema estarán comprometidos el 100 por ciento de los recursos que serán destinados para obra pública”.

Otro de los temas que se cuestionó en la comparecencia, fue el destino de los recursos recaudados por el impuesto al hospedaje. Al respecto, el funcionario justificó que si no se han entregado es porque no se han presentados los proyectos de inversión.

“Esos recursos están ahí, sólo es cuestión de que el fideicomiso se ponga de acuerdo sobre a qué proyecto se va a destinar y, cuando lo soliciten, nosotros estamos en la mejor disponibilidad de darles los recursos”.

En cuanto a la desaparición de casetas de peaje, explicó que no es posible quitarlas tal y como lo prometió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, porque tendría un costo para el erario de hasta 3 mil millones de pesos y "las finanzas no dan".

También se abordó el tema de reformar el Instituto de Pensiones del Estado para que tenga mejor viabilidad financiera, debido a que, dijo, actualmente está al borde del colapso y en los próximos dos o tres años será inoperante.

En ese sentido, culpó a que algunos pensionados reciben dietas de hasta 200 mil pesos que difícilmente pueden ser cubiertos con las aportaciones de la base trabajadora.

Incluso reconoció que hay muchos trabajadores que están en condiciones de jubilarse pero que les están deteniendo el trámite porque es una carga que el IPE no podría sostener.

De la misma forma habló de los pagos a proveedores y a los municipios.

Durante su comparecencia, fue felicitado por ser uno de los funcionarios que han atendido a los diputados y recibió muy pocos reclamos.

La comparecencia tuvo una duración de casi 5 horas.