Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, aseguró que es claro que las órdenes de aprehensión en contra de cuatro exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas durante su administración obedecen a una estrategia de devolver a los exfuncionarios duartistas recursos y bienes que fueron recuperados por él previo y durante su mandato.

En una carta enviada a los medios de comunicación, en donde expresa su solidaridad con quienes dijo que son injustamente perseguidos, aseguró que todo este entramado no es más que un distractor.

“Queda también muy claro que estas acciones tienen como objetivo desviar la atención pública de los graves problemas de salud, inseguridad, corrupción, e ingobernabilidad que vive Veracruz”.

Además criticó al Poder Judicial, que preside el Magistrado Edel Álvarez Peña: “Es una enorme vergüenza que el Poder Judicial del Estado se preste a perseguir a personas inocentes con argumentos que no resistirán un amparo ante la justicia federal. No puede esperarse menos cuando el Presidente del Tribunal Superior de Justicia se ha puesto de rodillas frente al Ejecutivo en el afán de lograr su reelección. Está podrido, huele mal”.

Mencionó que la detención de Bernardo Segura se llevó a cabo como si hubiera sido la del peor delincuente y que previo a estas órdenes de aprehensión, la Contraloría General del Estado les impuso una sanción económica de más de 750 millones de pesos.

“No los acusan de apoderarse de recursos públicos, de robar al erario, ni de beneficiarse de manera alguna con su cargo. Que quede claro, no hay desviación de recursos en favor de ellos, ni de nadie”, enfatizó.

Y detalla que la acusación proviene de la actual titularidad de la Secretaría de Salud, a cargo de Roberto Ramos Alor, quien señala que en el mes de diciembre de 2016, al iniciar su gobierno Yunes, los funcionarios que ahora son mencionados en la orden de aprehensión depositaron en una cuenta a favor del Gobierno del Estado, un cheque por 250 millones de pesos entregado por la entonces Procuraduría General de la República, que fue parte de lo recuperado antes de tomar posesión como gobernador y de los cuales informó al Congreso el día que rindió protesta.

Pero en la acusación de la actual titularidad menciona que no verificaron por los medios legales pertinentes la procedencia del dinero… que fue entregado a la PGR; que no destinaron todos los bienes al Sector Salud, sólo una parte y el resto destinado fundamentalmente a equipo de la Secretaría de Seguridad Pública.

Recordó que fue firmado un acuerdo para que lo recuperado se destinara “a los programas presupuestarios y actividades institucionales que se consideren necesarias; preferentemente a los relacionados con la reactivación del Sector Salud…” y que nunca indicó que todos los recursos irían totalmente al Sector Salud, pero aún así no hubo daño al gobierno porque en total los recursos fueron aplicados en beneficio del estado y recordó que eso fue hecho del conocimiento de la actual administración durante el proceso de entrega-recepción.

Refirió que la aplicación de estos recursos permitió construir el hospital Infantil de Veracruz entre otras obras en ese mismo sector y para el equipamiento de SSP.

“El resto de los bienes, tanto muebles como inmuebles, TODOS, son propiedad del Gobierno del Estado de Veracruz y los documentos que así lo acreditan se encuentran en su poder, les fueron entregados en el momento que la ley indica”, al tiempo que señala que no deja de sentirse orgulloso de haber recuperado casi 800 millones de pesos en efectivo y 600 más en bienes inmuebles, muebles y obras de arte.