Diputados veracruzanos podrían presentar una inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante un evidente conflicto de interés y político en la resolución de la ministra Yazmín Esquivel Mossa, esposa de José María Rioboó, empresario cercano al presidente Andrés Manuel López.
La señora de Rioboó fue quien frenó la acción de inconstitucionalidad presentada por los diputados veracruzanos en contra de la “separación temporal” que terminó siendo una destitución del Fiscal General Jorge Winckler.
Un documento que fue firmado por la ministra señala que la acción 102/2019 promovida por los diputados, dicta: se “desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la presente acción de inconstitucionalidad, promovida por los diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. No obstante lo anterior, se le tienen designando delegados, auto-rizados y representantes comunes”.
Dicho documento, fue signado por María Josefina Gamboa, Juan Manuel de Unanue, María Graciela Hernández, Rodrigo García, María de Jesús Martínez, Omar Guillermo Miranda, Nora Jessica Lagunes, Monserrat Ortega, Judith Pineda, Bingen Rementería y Ricardo Arturo Serna. Por parte de la fracción del Lado Correcto de la Historia, lo rubricó Gonzalo Guízar Valladares y Erick Iván Aguilar López. Así como también de Movimiento Ciudadano, la firmó la diputada Ivonne Trujillo y el legislador independiente, Juan Carlos Molina Palacios.
Cabe mencionar que la Ministra fue propuesta por el presidente a pesar del conflicto de intereses económicos y políticos que implicaba.
Su esposo, José María Rioboó Martín, es presidente de Grupo Riobbó, un conglomerado de empresas de ingeniería y construcción que ahora participa en la construcción del aeropuerto internacional de Santa Lucía, en el Estado de México, luego de que López Obrador cancelara el aeropuerto de Texcoco.
La acción de inconstitucionalidad buscaba que la Suprema Corte de Justicia, se pronunciara contra la separación temporal de Jorge Winckler, por la violación a la Constitución ya que de acuerdo a los especialistas en derecho consultados, no hubo un procedimiento legal al ser una determinación de una Comisión Permanente y no del pleno.
Además, está estipulado que, en caso de ausencia del Fiscal General, quien asume las funciones es otro funcionario de la propia Fiscalía en orden de prelación y no existe la figura de “encargada de despacho”, por lo que además estarían promoviendo actos que podrían no tener validez jurídica.
Las pugnas y confrontaciones entre el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el Fiscal Jorge Winckler han sido constantes, aderezadas con un alto grado de descalificaciones y afirmaciones no confirmadas sobre el trabajo de investigación, los resultados y el actuar personal de Winckler, quien ha buscado el amparo de la justicia federal y promovió un juicio que es mantenido en la “congeladora”.