La actuación de los integrantes de la diputación permanente al remover a Jorge Winckler del cargo de fiscal general del Estado no es únicamente un delito, sino también una omisión constitucional que perjudica directamente a la ciudadanía, así lo aseguró el doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Manuel González Oropeza.

Entrevistado en las instalaciones del Colegio de Veracruz (Colver), señaló que esta medida afecta a toda la sociedad veracruzana, pues se está dañando a una institución, lo cual va en perjuicio de todos los ciudadanos.

"Esto es más grave que un delito, porque un delito puede afectar nada más a una persona, están incurriendo en una omisión constitucional porque entonces la sociedad veracruzana es la que recibe el perjuicio, ya no puede defender sus derechos ante una sala constitucional, es a toda la sociedad a la que se le despoja de una institución para hacer efectivos sus derechos, pero la verdad es que se debe proceder siempre con base en la Constitución y la ley, entonces si se modifica la ley para reducir el periodo y forzar una salida o suplir esa sustitución se infringe la ley".

De igual manera, destacó que, desde su perspectiva, las fiscalías estatales deben ser autónomas y sobretodo deben ser respetadas para garantizar la impartición de justicia y el respeto a la ley.

Finalmente, dijo que a pesar de tener toda su vida dedicada al derecho, no entiende cuál fue el procedimiento utilizado por los diputados morenistas para remover al titular de la Fiscalía General del Estado.