Víctor Manuel Andrade Guevara, investigador del Instituto Histórico Sociales, aseguró que no hay fundamento legal que avale suspensión provisional de Jorge Winckler Ortiz de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.

En entrevista explicó que, la Diputación Permanente del Congreso del Estado no tiene la facultad de designar una encargada provisional, pues en hacerlo, contraviene los principios del artículo 67 de la Constitución, que dicta cómo deben ser nombrados y designados, repuestos o sustituidos los fiscales, hecho que no se cumplió.

"Hay evidentemente una violación grave a la Constitución, que sienta un precedente bastante negativo y que nos coloca en una situación de crisis constitucional, pues queda en duda, queda vacío el espacio institucional desde donde ser persigue el delito".

En ese sentido y cuestionado sobre la justificación que da la Junta de Coordinación Política, quien explicó que separaban al fiscal del cargo por no cumplir con revalidación de certificado de confianza, dijo "suponiendo que así sea, no hay ningún procedimiento establecido para destituirlo, en todo caso de tendría que hacer por los medios adecuados, es decir, se le tendría que haber notificado".

No obstante, Andrade Guevara, consideró que si bien este es un problema político, se da en coyunturas políticas, los únicos que resultan afectados son los veracruzanos.

"Si de por sí ya había condiciones muy difíciles para combatir la inseguridad, la violencia y la impunidad que han predominado en los últimos años en Veracruz, con esta situación se profundiza; lejos de resolver el problema de la falta de eficacia en la persecución del delito esto se profundiza".

A este tema, señaló, se le suma el retraso que existe en el nombramiento de los 13 magistrados que están pendientes de designar en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJE).

"Esto nos provoca una situación grave. Nos preocupa que el gobierno del Estado incurra en medios extra legales que tienen que ver con la ocupación ilegal de Fiscalía".