A finales de agosto vence el plazo para que la administración de Cuitláhuac García Jiménez haga pública la información relacionada con la compra y arrendamiento de las 110 patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública, informó la comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli García Álvarez.

Precisó que se dieron cinco días hábiles para la entrega de la información, sin embargo, explicó que corren a partir de que la resolución es definitiva y en caso de que los afectados no hayan presentado un amparo o una impugnación.

"Nadie ha impugnado, tienen 15 días para impugnarlo, pero los plazos corren conforme el calendario del Poder Judicial si es que quieren irse vía amparo, o del INAI si es que quieren impugnar ante el INAI. Se atraviesa un periodo vacacional en ambas instancias ahora, por lo que los plazos se irán hasta finales de agosto, fecha en que podamos hacer o exigir nosotros la resolución”.

Cabe recordar que recientemente, el IVAI emitió una resolución donde exige a la administración estatal que haga pública la información relacionada con el tema de las patrullas.

En el documento, el instituto explica que solicitó la información a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de Finanzas y a la Contraloría General del Estado. Las primeras dos dependencias negaron tener información al respecto, mientras que la Contraloría expresó que la información “era reservada”.

En ese sentido, la comisionada expuso que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez no fundó, motivó, ni hizo la prueba de daños requerida por la ley para reservar la información, por lo que tendrá que darla a conocer, sobretodo el tema administrativo de la compra y arrendamiento de los vehículos.

"Hay cosas que habría una razón válida para reservar, por ejemplo, las características de las patrullas, no puedes entregar las características porque el crimen organizado sabría contra quien se va a enfrentar, pero las facturas, el costo, el procedimiento que se siguió de ninguna manera se puede reservar".

Y recordó que la ley es muy clara en cuanto a la adquisición de bienes con recursos públicos, el proceso debe ser transparentado.

García Álvarez mencionó que en caso de que las autoridades sean omisas, iniciarán con medidas de apremio en contra de los titulares de las Unidades de Transparencia y las Administrativas de las dependencias involucradas.

Posteriormente, se involucraría a los titulares de las secretarías a quienes les alcanzarían multas iniciales de mil 200 pesos.

En caso de que no cumplieran, el IVAI podría dar vista al órgano interno de control, quien tendrá la facultad de destituir a los funcionarios involucrados o incluso presentar denuncias penales.