Alfonsina “N”, integrante de los 400 Pueblos, cuenta con procesos penales pendientes y por lo tanto fue reaprehendida, informó la Fiscalía General de Veracruz.
En un comunicado, la autoridad refiere que Alfonsina N fue detenida el pasado 4 de julio por elementos de la Policía Ministerial porque enfrenta los procesos dos procesos penales, por los cuales la Fiscalía Regional de la zona norte-Tuxpan obtuvo en su contra las debidas imputaciones e imposición de medidas cautelares.
Por cuanto hace al Proceso Penal 09/2017, se le imputa la probable autoría de los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero de 2017, en el predio El Guayabo, ubicado en la carretera que conduce al municipio de Álamo a Tierra Blanca, en donde probablemente incitó a un grupo de aproximadamente 200 personas, integrantes del movimiento Los 400 Pueblos para que atacara a integrantes el grupo denominado Liberación Veracruzana, por lo cual fue solicitada y cumplida una orden de aprehensión, al ser considerada la autor intelectual de los hechos.
Derivado de dichas conductas realizadas de forma dolosa, en audiencia oral le fue impuesta la medida cautelar de presentación periódica ante el Juzgado y depósito de una garantía económica.
A su vez, le fueron impuestas las medidas cautelares de presentación periódica ante el juzgado, depósito de una garantía económica y prohibición de salir de su comunidad, al serle dictado un auto de vinculación a proceso por la probable comisión de otros delitos registrados en la ciudad de Poza Rica.
Es así, que bajo los efectos del Procedimiento Penal 103/2017, por la probable comisión de los delitos de robo de vehículo, lesiones dolosas calificadas y privación de la libertad física, ocurridos con fecha 26 de enero de 2017, por los que le fue girada una distinta orden de aprehensión, Alfonsina “N” fue sujeta a las citadas medidas cautelares, vigentes durante el tiempo que dure el proceso que se instruye en su contra.
En consecuencia, Alfonsina “N” no se encuentra en calidad de exonerada de las acusaciones que ha realizado la Fiscalía General del Estado y sobre ella son ejercidas medidas cautelares distintas a la privación de la libertad; no obstante, los procesos penales integrados en su contra siguen su curso y su situación jurídica será resuelta el próximo 10 de julio del año en curso.