María de la Luz Estrada, coordinadora del Área de Violencia de Género y Derechos Humanos de Católicas por el Derecho a Decidir, confirmó que la falta de un marco normativo y la política pública en Veracruz, obliga a las mujeres a tener que abortar en la Ciudad de México.

"Pero, ¿quién viaja?, solamente aquellas mujeres que tienen un recurso y pueden ir a la Ciudad de México a aplicarse un aborto. De abril del 2007 a junio del 2019, 495 mujeres han interrumpido su embarazo y eso no nos refleja la realidad, lo único que dice es que las mujeres están buscando lugares donde su vida no corra riesgos".

Además, detalló que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP), del 2018 a mayo del 2019, hubo 33 denuncias por aborto en el Estado de Veracruz, agregado a que en el mismo periodo hubo 351 denuncias de mujeres por el delito de violación.

"Que nos den información, cuántas de estas mujeres pudieron acceder a un aborto legal, sabiendo que entre un 15 y 20 por ciento (de mujeres violadas) quedan embarazadas. La preocupación por las cuales se manifestó es que no se otorga ni la causal de violación y esto no lo muestra un informe de justicia reproductiva que demuestra que desde el 2012 hasta el 2017 el sector salud autorizo sólo cuatro interrupciones por violación".

La también Coordinadora Ejecutiva del Observatorio Ciudadano, lamentó que las mujeres que viven en condiciones de marginación sean las más vulnerables a este tema, debido a que los tres ámbitos de gobierno se niegan a reconocer sus derechos sexuales.

Y es que actualmente, las mujeres que han realizado dicha práctica atraviesan por procesos legales complicados.

"Se debe de garantizar el principio de pro persona. Es muy importante que los gobiernos atiendan las recomendaciones que están en las convenciones y tratados internacionales, pues los gobiernos están obligados a garantizar la salud de todas y todos".