Extrabajadores eventuales del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) delegación Veracruz, se manifestaron en las instalaciones de la dependencia para denunciar que fueron despedidos de forma injustificada.

Mónica Acosta Murillo, una de las afectadas, aseveró que en total fueron 42 los empleados a quienes, mediante un oficio, les notificaron de su despido.

“Es por el despido injustificado que se ha emitido recientemente por parte de nuestra institución y que se hace a través de un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (…) nuestro delegado estatal, Francisco Herrera Jiménez, el día 3 de mayo nos mostró el documento emitido por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda”.

Precisó que el comunicado detalla que “toda persona contratada del primero de diciembre del 2018 en alguna plaza permanente, eventual o de honorarios en cualquier delegación u oficina de representación de las dependencias y entidades de la administración pública federal, deberá ser separada de su cargo”, sin embargo, los 42 trabajadores despedidos, no fueron contratados en fechas recientes.

“La situación es que nosotros no estamos recientemente contratados, tenemos antigüedad, somos personal que tenemos mucho tiempo trabajando dentro de la institución y que nuestra antigüedad oscila entre 3 y 25 años de servicio en esta noble institución”.

Otro de los afectados, Pablo Milagros Ramírez, mencionó que a pesar de que iniciaron la protesta desde el pasado martes, hasta la fecha no han tenido respuestas positivas por parte de la institución.

Dijo que lo que único que piden es recuperar su trabajo o en caso contrario, que los liquiden conforme a derecho.

“Queremos la reinstalación en nuestros puestos de trabajo, es lo primordial, en dado caso que nos digan que se acabó el contrato, al menos queremos la liquidación, porque estamos siendo despedidos sin ningún beneficio”.

La protesta se realiza de forma simultánea en todas las delegaciones del país y, lamentablemente, explican que ya ha dejado afectaciones en las comunidades rurales e indígenas donde brindan servicio educativo, desde la falta de capacitaciones, hasta la emisión de boletas y certificados.

Por ello, solicitan a las autoridades su pronta intervención.