El Congreso del Estado aprobó este jueves la enajenación onerosa, mediante el procedimiento de subasta restringida 8 vehículos propiedad del Órgano de Fiscalización Superior.
Se recordó que fue turnada a la Comisión Permanente mediante oficio número sg-so/1er./1er./209/2018, de fecha 20 de diciembre de 2018, el cual fue recibido en la presidencia de esta comisión el 21 de diciembre del mismo año, a través del cual se remite, para su análisis, estudio y dictamen, la solicitud presentada a este Congreso del Estado por parte del titular del ORFIS, Lorenzo Portilla Vázquez, solicitando autorización para la enajenación onerosa, mediante el procedimiento de subasta restringida, de ocho vehículos propiedad de dicho organismo, descritos como; dodge neón modelo 2002, placas yhr-5517, ford pick- up modelo 2003, placas xt-66083, ford pick- up modelo 2003, placas xv-91491, ford pick- up modelo 2003, placas xu15350, ford pick- up modelo 2003, placas xu-15098, ford pick- up modelo 2003, placas xv-19442, ford pick- up modelo 2003, placas xu-13674, dodge neón.
En términos de lo dispuesto por la normatividad que sustenta el presente dictamen, la cual se invoca en el párrafo segundo del proemio, esta comisión permanente que suscribe, como órgano constituido por el pleno de esta soberanía que contribuye a que el congreso cumpla sus responsabilidades y atribuciones conferidas, mediante la elaboración de dictámenes sobre los asuntos que le son turnados, es competente para emitir la presente resolución.
Por su parte, el auditor general cuenta con la suficiente atribución conferida de acuerdo a la ley de fiscalización superior y rendición de cuentas del estado que establece en su artículo 90, fracción iv: administrar los bienes y recursos a cargo del órgano, resolver sobre la adquisición y enajenación de bienes muebles y la prestación de servicios, sujetándose a lo dispuesto en las leyes de la materia y atendiendo a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, así como gestionar la incorporación y destino o desincorporación de bienes inmuebles del dominio público del estado, afectos a su servicio.