La comisión especial para el seguimiento a la problemática de la desaparición de personas del Congreso local presentó este jueves la iniciativa con proyecto de ley para la declaración especial de ausencia por desaparición de personas para el estado.

Esto es en relación a los casos denunciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, los Fiscales competentes tendrán un plazo de treinta días para presentar la solicitud de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas, contado a partir del inicio de la vigencia del presente ordenamiento.

Asimismo, se establece que ésta tendrá efectos de carácter general y universal de acuerdo a los criterios del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que el Estado Mexicano sea parte, así como del interés superior de la niñez; tomando siempre en cuenta la norma que más beneficie a la Persona Desaparecida y a los Familiares.

La Declaración Especial de Ausencia no produce efectos de prescripción penal, ni constituye prueba plena en otros procesos judiciales.

México ha suscrito y ratificado la totalidad de los instrumentos fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas y la mayoría de los instrumentos interamericanos de derechos humanos, así como sus protocolos facultativos.

En particular, cabe resaltar que México es parte de todos los instrumentos internacionales relevantes en materia de desaparición forzada. No obstante, ello las desapariciones de personas aún significan el reto principal que nuestro país tiene en materia de derechos humanos, por su carácter pluriofensivo y su enorme impacto en el tejido social, que la convierten en una de las más sensibles violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales, como fue reconocido por el Gobierno mexicano desde finales del año 2016.

Dicho panorama se ve exacerbado en Veracruz, donde en los últimos años se ha presentado un incremento preocupante de estas conductas. Por más de una década, la falta de voluntad política para la búsqueda eficiente, la poca impartición de justicia y la ausente reparación del daño, han formado el camino del dolor que día a día transitan las y los familiares de personas desaparecidas.

La esperanza de encontrar respuestas, ha llevado a las víctimas a articularse para generar y protagonizar procesos de incidencia e interlocución, que han colocado la problemática de desaparición en la agenda pública y gubernamental del país.