Integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) exhortaron a los integrantes de la LXV Legislatura a destinar los recursos presupuestales suficientes para fortalecer a las instancias encargadas de proporcionar servicios de atención a las víctimas en la entidad.

Particularmente a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) y la operación del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del estado de Veracruz.

En ese sentido, explicaron que en la actualidad existe falta de acceso a la justicia para las víctimas, además de un clima de impunidad que impera en la entidad veracruzana y la ausencia de una verdadera política de atención integral a víctimas, situación que calificaron como preocupante.

"Por el riesgo de que la politización de la permanencia del actual Fiscal General sea un pretexto más, para hacer efectivo el cumplimiento de la ley y mantener la dilación en las investigaciones y el ocultamiento de la información", indicaron.

Por lo anterior, a través de un pronunciamiento, solicitaron al gobierno estatal, la implementación de una política pública real para la atención diligente e integral a las víctimas, de manera conjunta con los diferentes poderes y niveles de gobierno, así como con las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los familiares de las víctimas, en la que se dignifique a las víctimas y se posicione a la CEEAIV en estas tareas.

De igual manera, exigieron al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, y al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, tomar las medidas necesarias para la pronta instalación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas. Implementar los mecanismos de coordinación obligados, para hacer efectivo el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Víctimas para el estado de Veracruz, de conformidad con las competencias previstas para cada autoridad mandatada; en particular, la Fiscalía General del estado.

Del mismo modo, llamaron al Fiscal, Jorge Winckler Ortiz, a cumplir cabalmente sus obligaciones de Ley, dignificar a las víctimas, garantizar sus derechos y asegurar la reparación integral del daño en concordancia con los estándares internacionales.