Por estar vacantes y ubicadas en demarcaciones que no cuenta con el número de habitantes necesarios, para justificar la existencia en el lugar donde se encuentran, el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, decretó la supresión de nueve Notarías Públicas.
De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta Intercensal 2015, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se advierte que no se cuenta con el número de habitantes necesarios para justificar la existencia del número actual de Notarías por Demarcación Notarial en toda la geografía del estado.
Por lo que es necesario suprimir las notarías que se encuentren actualmente vacantes, al rebasar el número de éstas respecto al número de habitantes existentes por cada demarcación notarial en el estado, sin que este acto de autoridad lesione derecho de terceros para recibir el servicio notarial, ya que éste se encuentra plenamente cubierto.
Las Notarías que se suprimen son las Números Seis y Siete de la décima séptima demarcación notarial con residencia en Veracruz; y las Notarías número Catorce y Treinta y Uno de la vigésima primera demarcación notarial con residencia en Coatzacoalcos.
Así como las Notaría número Cuatro de la primera demarcación notarial con residencia en Pueblo Viejo; Notaría número Dos de la segunda demarcación notarial, con residencia en Naranjos; Notaría número Tres de la quinta demarcación notarial, con residencia en Benito Juárez; Notaría número Nueve de la séptima demarcación notarial, con residencia en Poza Rica; y Notaría número Veintiocho de la décima primera demarcación notarial con residencia en Xalapa.
En el acuerdo, el gobernador expuso que el exceso de notarías en el estado ha ocasionado, de diversos modos, competencia desleal y vicios en la prestación del servicio que han puesto en riesgo la seguridad jurídica patrimonial de la sociedad veracruzana, siendo responsabilidad del ejecutivo velar por la misma, así como cumplir y hacer cumplir la ley.
A partir de este martes surte efecto el acuerdo por lo que la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, está facultada para tener bajo su guarda y custodia el protocolo y archivo de las citadas notarías.