La consulta como método obligatorio para los tres niveles de gobierno hacia los integrantes de los pueblos indígenas antes de autorizar cualquier proyecto de la iniciativa privada en su territorio, es uno de los lineamientos que se esperan con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en México.

"Todas las actividades legislativas o administrativas que emita el estado en su conjunto, sean federal, estatal o municipal tienen que ser consultadas cuando afecten a estos pueblos indígenas", dijo José Hernández Hernández, integrante del pueblo indígena Nahua de Veracruz.


Actualmente hay 77 conflictos sociales a nivel nacional derivados de proyectos estratégicos de empresas trasnacionales que están parados porque las autoridades omitieron consultar a los pueblos indígenas afectados y las autoridades federales, en este caso, jueces de distrito y en algunos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedieron la suspensión de obras y amparos a los pueblos indígenas.

"Tenemos un profundo interés de que el derecho a la consulta se haga efectivo, esta vez se va a ser posible la materialización de un artículo, que es el artículo 6 contenido en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo que prevé la consulta", insistió en el marco del foro de consulta realizado este sábado en el Congreso del Estado previo a la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.