Emilio Cárdenas Escobosa, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, adelantó que si el dictamen de la Comisión de Vigilancia del Congreso local sobre la Cuenta Pública 2017 “limpia” el presunto daño patrimonial por más de mil 300 millones de pesos en el Gobierno del Estado, exigirá cuentas a las 15 diputados integrantes de la referida comisión legislativa.

“Ya no queremos negociaciones políticas. Los veracruzanos queremos que el Congreso del estado, aunque esté a unos días de irse, esté a la altura y no al servicio de sus partidos ni del gobernador en turno”.

Dijo tener información de que la misma historia se ha repetido en la Cuenta Pública 2017, por lo que espera que el dictamen se someta a votación para proceder en consecuencia.

Expuso que hay especulaciones sobre el trabajo que hicieron los diputados locales para quitar el presunto daño patrimonial en dependencias estatales y ayuntamientos.

Señaló que siempre, durante la revisión del Informe de Resultados de las Cuentas Públicas, se entre en el terreno de las negociaciones y luego se informa a los veracruzanos que los entes fiscalizables solventaron, cuando en realidad “se arreglaron; sabemos de casos en particular”.

“Los actuales diputados no deben perder de vista que la próxima Legislatura que se instala el cinco de noviembre, es de otro color, con mayoría de un partido y en donde los ánimos están muy encontrados, e incluso, ya se ha adelantado que pedirán revisión de muchas cosas”.

Reiteró que se pedirá un informe pormenorizado a los diputados sobre el trabajo de análisis de la Cuenta Pública 2017, toda vez que el Órgano de Fiscalización Superior detectó un presunto daño patrimonial por más de 300 millones de pesos en algunas dependencias estatales y por más de mil 100 millones de pesos en 153 ayuntamientos.