El Consejo de la Judicatura aprobó otorgar competencia territorial exclusiva al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, con residencia en Martínez de la Torre, para atender los asuntos en materia familia, originados en los municipios de Martínez de la Torre y San Rafael.

Los integrantes de ese órgano jurisdiccional atendieron los informes de la sociedad y de las Barras y Colegios de Abogados del distrito judicial de Misantla, que en ambos municipios se han incrementado considerablemente los asuntos relativos a divorcios en sus distintas modalidades; demandas de alimentos ya sea pago, incremento, reducción, cancelación o consignación de los mismos; solicitudes de guarda y custodia, patria potestad, depósito de personas, adopción, tutela; rectificación de actas y de reconocimiento; y quejas por desconocimiento de paternidad, entre otras.

Aunado a lo anterior, hay falta de especialización de órganos jurisdiccionales que solo conozcan de la Materia Familiar en esos dos municipios.

Los consejeros recordaron que derivado de la creación del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en el Distrito Judicial de Misantla, el cual entró en funciones el pasado uno de septiembre, y tendrá su residencia en la cabecera Distrital, resulta conveniente, otorgar competencia territorial exclusiva al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, con residencia en Martínez de la Torre, respecto de los asuntos que correspondan a la materia familiar, originados en los municipios de Martínez de la Torre y San Rafael.

Los expedientes que actualmente se encuentran en trámite en los Juzgados Segundo y Cuarto de Primera Instancia de ese mismo Distrito Judicial de Misantla, el último de los mencionados con residencia en Martínez de la Torre, quedarán en el mismo órgano jurisdiccional hasta su conclusión.

El Consejo de la Judicatura también fundamentó su decisión en los obstáculos que representan los gastos derivados de los traslados hacia los tribunales, mismos que tradicionalmente se encuentran asentados en las cabeceras de los distritos judiciales, y que no hacen más que ampliar aún más la brecha de desigualdad entre aquellos habitantes con mayores recursos económicos y aquellos que se encuentran en mayor desventaja.

Es por ello, que se debe garantizar que el acceso a la justicia no sólo se encuentre contemplado en los ordenamientos legales, sino que a su vez se vea realizado en la vida cotidiana de los justiciables.