La Ley General de Cambio Climático podría ocasionar el desplazamiento de pueblos bajo la justificación de estar asentados en zonas de riesgo, lo cual sería una violación a sus derechos humanos, así lo aseguró el integrante del Centro de Investigación Atmosférica y Ecología, Alejandro Salazar Galván.

Entrevistado en el marco del Simposio de Ecología y Desarrollo en el que abordó la temática de la “Política Nacional de Cambio Climático”, el especialista resaltó que tal como está planteado el título cuarto de la ley, esta permite que intereses ajenos al tema puedan incidir en el desalojo o desplazamiento de los pueblos.

“Tenemos bien establecido el Derecho de propiedad y la ley nos dice que en pro de la ecología y del cambio climático se deben hacer desplazamientos de asentamientos humanos y eso en el estricto derecho trasgrede la propiedad privada”, indicó.

Asimismo, resaltó que existe la posibilidad de que “por conveniencia ecológica o de protección civil” los gobiernos pueden desplazar a los pueblos y apropiarse de sus terrenos.

“Cuando tenemos una laguna o ambigüedad en la ley es motivo que se maneja a conveniencia”, apuntó.

Por lo anterior, no descartó que si la ley no se modifica puede provocar corrupción y que haya comunidades que sean desplazadas únicamente para que algunas empresas puedan comprar estos terrenos.

“Hay puntos en la ley que no nos permiten qué es lo que va a pasar cuando llegue a aplicarse porque en el capítulo cuarto nos habla de la minimización de los riesgos ambientales y hay ciertas transgresiones a los derechos humanos”, recalcó.

De igual manera, consideró que la Ley General del Cambio Climático no previó estas posibilidades y eso ha provocado que no pueda aplicarse a nivel estatal ni federal.

“No ha permeado a los estados ni ha permeado en cuestiones federales. Actualmente vivimos un problema porque hay leyes que no son cumplidas, están en el papel, pero no las cumplimos, además de la corrupción y de intereses económicos que son trastocados por las leyes”, concluyó.