De última hora, el grupo legislativo del PAN en el Congreso local solicitó el retito del dictamen de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política local para elevar a rango constitucional a la familia y el matrimonio, mismo que sería sometido a votación en un segundo periodo consecutivo de sesiones ordinarias.

A nombre de los diputados locales del PAN, José Luis Enríquez Ambell, reconoció no tener los 34 votos a favor que se requieren para aprobar el decreto.

En el salón de plenos los grupos de ciudadanos que están a favor del dictamen manifestaron su inconformidad; mientras que los grupos antagónicos que están en contra se congratularon por la petición del grupo legislativo del PAN.

Enríquez Ambell dijo que hay expectativa sobre la iniciativa, pero desafortunadamente, la aprobación de las reformas constitucionales requiere de votos suficientes, es decir, de un mínimo de 34.

“Como ustedes saben en Acción Nacional contamos con 21 votos y no hace la mayoría que se requiere y por esta razón, nos vemos y me veo en la penosa necesidad de solicitar que se someta a consideración del pleno, la modificación del orden del día aprobado para que se retire el punto número 14 que contiene el dictamen de la familia”.

Dijo que de no retirarse el dictamen y someterse a votación y al no alcanzar los votos requeridos la iniciativa no se volverá a discutir en el futuro y el esfuerzo de todos los grupos de ciudadanos que la presentaron no habrá valido la pena.

“Con la única finalidad de proteger la iniciativa ciudadana y la voluntad de la mayoría de los veracruzanos pido que se someta a votación el retiro del dictamen”.

Cabe recordar que la reforma aprobada establece que la familia es el elemento fundamental de la sociedad y debe ser protegida y apoyada por la sociedad y el Estado, a fin de que su entorno les garantice a todos sus miembros las condiciones necesarias para alcanzar un óptimo desarrollo.

Y el matrimonio es una institución de interés público y el fundamento de la familia; como tal debe ser protegido por el Estado. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará por el desarrollo integral de la familia como un elemento indispensable para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de, los programas y políticas públicas del Estado y los Municipios.