El presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso local, diputado Bingen Rementería Molina, dio a conocer que antes de concluir este mes volverá a presentar la iniciativa de reforma a la Constitución Política de Veracruz para eliminar el fuero a los servidores públicos, y podría haber un costo político para los partidos que esta vez votaran en contra.
Manifestó que la buena intención de que se elimine el fuero a los servidores públicos no tiene nada que ver con lo electoral.
Tan es así que recordó que la iniciativa se presentó en enero del 2017, donde no había ningún proceso comicial en curso.
El 26 de enero de ese año se enlistó en el orden del día de esa sesión plenaria, pero las bancadas de MORENA y el PRI se opusieron a que se sometiera a votación y el dictamen se tuvo que retirar.
Fue hasta el 31 de enero de este 2018 cuando el dictamen se sometió a votación, sin embargo, no alcanzó mayoría calificada para su aprobación.
Sin embargo, dijo tener confianza que la reforma sí será aprobada en este periodo de sesiones ordinarias.
Añadió que no es una ocurrencia quitar el fuero a los servidores públicos, toda vez que se trata de una propuesta que la bancada del PAN está impulsando desde el inicio de esta 64 Legislatura de Veracruz.
De ser presentada la iniciativa de reforma al artículo 78 de la Constitución Política de Veracruz quedarían sin fuero los Diputados, el Gobernador, los Secretarios del Despacho, el Procurador General de Justicia, el Contralor General; los Magistrados; los Presidentes Municipales o de Concejos Municipales y los Síndicos; el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano y el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; los titulares o sus equivalentes, de las entidades de la administración pública estatal y municipal y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los Poderes del Estado.
La iniciativa plantearía nuevamente que el servidor público que sea vinculado a proceso por delito grave que merezca prisión preventiva oficiosa, quedará separado del cargo, mismo que podrá reasumir si la resolución judicial con la que concluya el juicio es absolutoria. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su cargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.