Para garantizar a las niñas, niños y adolescentes sus derechos alimentarios, al libre desarrollo de su personalidad y asegurar que estén libres de explotación laboral, el diputado Manuel Francisco Martínez Martínez presentó la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, con el propósito de sancionar con penas de dos a seis años de prisión y de 100 a 300 días de multa a quien por cualquier medio ponga a trabajar a un menor.

En la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el legislador propuso añadir los artículos 250 Bis y 250 Ter al título IX “Delitos de Maltrato e Inducción a la Mendicidad” con lo que se busca frenar la explotación laboral que sufren los menores y sancionar severamente a quien los obligue a trabajar en las calles, avenidas, espacios públicos, recintos privados o cualquier vía de circulación.

Por otra parte, se establece que cuando el responsable tenga parentesco, conviva o habite ocasional o permanentemente en el mismo espacio o domicilio con la víctima, o se trate de su tutor, se le impondrán las mismas sanciones citadas.

Pero además, si pusiera en peligro la vida o integridad del menor de edad, perderá la patria potestad y cualquier derecho que pudiese tener sobre la víctima, así mismo la autoridad judicial que conozca del asunto pondrá a éste a disposición y cuidado de la autoridad correspondiente en la materia.

El diputado Manuel Francisco Martínez enfatizó que, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al 2015 en México había 2 millones 475 mil 989 niños, niñas y adolescentes de entre 5 a 17 años que realizan alguna actividad económica y 2 millones 217 mil 648 realizan ocupaciones no permitidas, de los cuales el 27 por ciento son mujeres y el 73 por ciento varones.

En México se refleja una lamentable realidad, indicó el diputado, quien añadió que un número importante de niñas y niños están trabajando en lugar de estar en las aulas estudiando, “están siendo explotados laboralmente expuestos a peligros en las calles, a enfermedades, a ilícitos, a drogas y a muchas otras situaciones negativas que nada las justifican” manifestó.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Derechos de la Niñez y la Familia.