Integrantes del Colectivo Conejo Clandestino rompieron los candados del edificio El Conejo que se ubica en poniente 7 para liberar a una persona que estaba privada de su libertad, luego de que la presunta dueña cerrara el inmueble.

El activista e integrante de la Coordinadora Social, Jairo Guarneros Sosa, dijo que se violaron los derechos humanos en contra de integrantes del Colectivo Conejo Clandestino ante la privación de la libertad de uno de ellos, el robo de pertenencias del grupo, además de la omisión de la Fiscalía para intervenir sin que la autoridad correspondiente dictamine quién tiene la razón en el proceso legal de litigio del inmueble.

Lo anterior, tras intentar retirarlos del edificio El Conejo, dejar a una persona adentro del lugar y poner candados en el acceso principal, esto a pesar de que en una de las columnas hay un escrito que asegura: “Este inmueble se encuentra bajo proceso civil y en posesión del Colectivo Conejo Clandestino así como de sus miembros y titulares cualquier tema relacionado con el inmueble debe tratarse directamente con los poseedores cualquier intrusión no autorizada podrá y será denunciada pronta y oportunamente ante las autoridades correspondientes”.

Por ello, esta tarde Aimé Hernández y Yetlanetzi Atenco acudieron a la Unidad Integral de Procuración de Justicia para presentar cargos en contra de la presunta agresora.

Refieren que por un proceso legal de litigio por el inmueble tienen fricciones con Leydi Aurora Salazar Sánchez, presunta encargada del inmueble ubicado en avenida Poniente 7 entre Sur 2 y 4.

Periódicamente, la hoy denunciada les cambia chapas de los accesos al edificio y les bloquea puertas, a fin de que desistan vivir ahí.

Al parecer, la hoy señalada arribó y puso candados en la puerta principal de madera, dejando encerrada a una integrante del colectivo.

Por esto, pidieron la apertura de carpeta de investigación por el presunto delito de privación ilegal de la libertad ante la Fiscalía Regional en Orizaba.

Jairo Guarneros señaló que lo lamentable es que la Fiscalía se preste “a estas chicanadas disque jurídicas por parte del abogado de la parte que está reclamando este edificio y que al final sabe perfectamente bien que esto lo tiene que resolver ante las instancias legales”.