Veracruz se colocó en el primer lugar nacional por el número de hechos violentos contra actores políticos durante julio de 2025, de acuerdo con el más reciente informe “Votar entre balas: Entendiendo la violencia político-criminal en México”, elaborado por la organización Data Cívica.

Entre enero y julio, la entidad acumuló 51 incidentes, de los cuales 11 ocurrieron solo en julio, mes que registró 50 ataques a nivel nacional, un incremento del 25 por ciento respecto a junio.

El estudio, señala que parte del repunte de actos violentada se dio posterior a las elecciones locales y federales.

Después de Veracruz, las entidades con más casos fueron Sinaloa (42), Guerrero (30) y Oaxaca, Guanajuato, Morelos y Jalisco, todos con 26 incidentes.

Los hechos documentados incluyen atentados, asesinatos, secuestros y agresiones contra actores políticos, funcionarios públicos y familiares de candidatos.

En el caso de Morena, se registraron dos atentados, un secuestro y tres asesinatos, con víctimas que incluyen a un funcionario en activo, un exfuncionario y un familiar de un candidato.

En gobiernos vinculados al PRI, el reporte señala un ataque contra una presidenta municipal, una agresión a un funcionario de seguridad pública y dos secuestros de servidores públicos.

Para el PAN, se documentó un atentado contra un familiar de una exalcaldesa.

Casos relevantes en Veracruz
Entre los hechos más graves ocurridos en julio destaca el ataque contra la alcaldesa de Santiago Sochiapan, María Isela López Álvarez (PRI), en el que resultó herido el director de Seguridad Pública municipal.

También se reportó el asesinato del hermano de Guillermina Méndez López, alcaldesa electa de Amatlán, mientras asistía a un partido de béisbol en Córdoba; un atentado armado contra Lauro Becerra Tirzo, padre del alcalde electo de Coxquihui; y un ataque contra la ferretería de Adair Verduzco, excandidato a la presidencia municipal de Nanchital.

El informe de Data Cívica advierte que la violencia contra actores políticos continúa siendo un riesgo latente incluso después de las jornadas electorales, con implicaciones directas para la estabilidad y la gobernabilidad en las entidades más afectadas.