En el Día de las Madres, 33 colectivos de mujeres y familiares que buscan a personas desaparecidas en Veracruz han hecho un llamado a los candidatos a puestos de elección popular para atenderla la crisis en materia de desapariciones.
Exigen que, de resultar electos en las próximas votaciones del 2 de junio, se brinde atención especial a la crisis forense y de desapariciones que afecta a la entidad.
En su mensaje, las madres han señalado que, aunque se han dado algunos avances, como la promulgación de la Ley estatal en materia de desapariciones, estos esfuerzos aún son insuficientes para abordar la magnitud de la crisis. Con 6 mil 857 reportes de personas desaparecidas en el estado, cientos de cuerpos sin identificar y desapariciones continuas, la situación es alarmante.
Los colectivos han expuesto que, en el último mes, algunas familias de desaparecidos han sufrido asesinatos, amenazas e incluso muertes por condiciones de salud derivadas de la búsqueda incesante de sus seres queridos.
Ante este panorama, han exigido a los futuros gobernantes y representantes populares poner fin a la violencia, implementar una política integral de prevención y erradicación de las desapariciones, así como un plan de seguridad para proteger a los buscadores, coordinado con todos los niveles de gobierno.
Además, piden la participación de las familias en todos los procesos para abordar las desapariciones y mantener espacios de diálogo de forma regular y programada entre las instituciones del Mecanismo Estatal de Coordinación.
Exigen también atender la crisis forense de Veracruz mejorando instalaciones, tecnología y capacitación, fortalecer el Mecanismo Estatal de Búsqueda con un presupuesto suficiente y nombrar a una persona titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz según el protocolo establecido.
Además, demandan reconocer los impactos de las desapariciones en la salud de las familiares que buscan a desaparecidos y crear un plan de intervención en salud, así como incrementar el número de casos judicializados y la fuerza de las sentencias, entre otros requerimientos.
Finalmente, consideran que el Congreso debe cumplir su papel en asegurar el presupuesto para el funcionamiento del sistema estatal de búsqueda, conseguir el restablecimiento y permanencia de la comisión especial sobre la desaparición e impulsar el proceso de reforma de la Ley 677, con la participación conjunta de los colectivos.