Con los votos en contra de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional que el Presidente pueda decretar el destino de los ahorros que se den por la Ley de Austeridad Republicana.

El ministro Juan Luis González Alcántara recordó que la Constitución establece que la Cámara baja es responsable de destinar todo el gasto en cualquier etapa.

“La Cámara de Diputados, conforme el principio de legalidad, debe autorizar montos específicos para cada partida de gasto. También es responsable de autorizar cualquier adecuación presupuestaria”.

El ministro explicó que acciones como redestinar el presupuesto abrirían la puerta a que las secretarías pudieran inflar las partidas para declarar ahorros y así poder hacer uso de estos bienes. “Considero que permitir esa situación sería un golpe al principio democrático en la revisión del gasto público y a la rendición de cuentas”, sentenció.

Por el contrario, la ministra Yasmín Esquivel dijo que esta facultad de los diputados termina al expedir el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), por lo que no hay impedimento para que el Ejecutivo destine los bienes que no se gastaron.

Recordó que en 2006 se publicó la Ley de Austeridad Republicana, y ya tenía contemplado que los ahorros pudieran ser utilizados sin la aprobación de la Cámara de Diputados.

“Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse en los términos de las disposiciones generales aplicables a los programas prioritarios del ejecutor del gasto que los genere”, estableció la ministra.

Sin embargo, el ministro Javier Laynez le rebatió que esta parte de la ley buscaba generar un gasto público más eficiente, mas no ahorros presupuestales ni subejercicios.

Laynez también reiteró que todas las reformas que se han hecho en materia presupuestaria desde 1997 se han llevado a cabo para “hacer real y efectivo el contrapeso del Poder Legislativo frente al Ejecutivo”.

Al presentar la propuesta, la ministra Norma Piña aseguró que debe existir flexibilidad en el presupuesto, más no puede darle la facultad al Poder Ejecutivo de decidir sobre el gasto público.