Las empresas, sobre todo de los sectores no esenciales, invocarán a convenios con sus trabajadores para continuar o retornar a pactos para ajustes de plantillas laborales y de salarios ante el nuevo cierre en el Valle de México, los cuales se plantearán a los trabajadores previendo que el confinamiento se prolongue hasta el primer trimestre de 2021.

Expertos consultados por El Financiero coincidieron en que, en caso de que se extienda el confinamiento y más estados en naranja pasen a rojo en el semáforo epidemiológico en las próximas semanas, serán necesarios apoyos fiscales para mantener el empleo y evitar un mayor deterioro en las plantillas laborales.

Los abogados de empresa coincidieron en que ambos avisos en las gacetas de Ciudad de México y Estado de México ampliaron el catálogo de actividades esenciales que se permitirán durante las tres semanas de semáforo rojo, lo que atribuyen a que ahora se clasificaron en esta índole actividades como la manufactura atendiendo el tema económico.

Jorge Sales Boyoli, coordinador del Comité de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), indicó que el semáforo rojo cobra relevancia porque las empresas y los trabajadores del Valle de México ya están lastimados en los salarios y porque hay un llamado del Gobierno federal a preservar los empleos.

“Al amparo de esto volveríamos a invocar las causales de reducción del salario previstas en la Ley Federal del Trabajo para este tipo de eventos, se vuelve a poner en la mesa de discusión la posibilidad de reducción del salario de común acuerdo con el trabajador, y también la posibilidad de plantear conflictos colectivos de naturaleza económica, aunque por la pandemia los juzgados laborales están cerrados”, expuso.

Escenario complicado
Alfredo Kupfer, socio del Bufete Sánchez Devanny y asesor laboral de AmCham México, subrayó que el semáforo rojo en la capital del país y en el Estado de México pinta un panorama complicado para el empleo porque da indicios de que 2021 pudiera ser un año en el que continuemos con ‘picos’ de contagios y sectores económicos operando a medias.

En ese sentido, estimó que no parece que el 10 de enero vaya a terminar el nuevo confinamiento, sino que podría haber una extensión del cierre de la economía hasta que haya cierto control de la pandemia.

“Las empresas a más tardar en diciembre, hacen sus presupuestos para el próximo año, en ellos está la plantilla que van a tener y los salarios que van a conservar, muchas veces esperan este anuncio de salario mínimo para tener todas las cifras, pero esta situación (semáforo rojo) viene a cambiar los planes”.

Sugirió a las empresas que hagan una planeación al menos al primer trimestre del año e incluso un escenario de largo plazo por si se prolonga el confinamiento.

Oziel Guerrero, abogado laboral y socio de Vega, Guerrero & Asociados, concordó que las empresas podrían recortar sueldos de los empleados por el semáforo rojo impuesto en la Ciudad de México y el Estado de México.

“Lo que puede haber son los acuerdos en donde ambas partes, tanto los empleadores y los empleados se ponen de acuerdo para poder disminuir en cierta medida y de manera temporal el salario y desde luego la jornada de trabajo”, dijo e indicó que la reducción se tiene que documentar para evitar posibles demandas en un futuro.

“Lo que prohíbe la ley es hacer una disminución de salario de manera unilateral, es decir, toda aquella modificación al salario que sea para disminución tiene que contar con la aprobación del trabajador”, sostuvo.

A juicio de Andrés Armida Graham, socio de Rizo, Armida y Asociados, el cambio a rojo del semáforo epidemiológico trae un nuevo reto para la subsistencia de los negocios, los cuales han venido padeciendo el cierre inicial y luego parcial en sus actividades.

Por tal motivo, los empresarios conjuntamente con sus trabajadores, ante la conciencia de lo que un cierre definitivo de las empresas puede significar, buscarán alternativas de sobrevivencia, además de la disminución de los salarios, invocar la figura de la contingencia sanitaria con el pago de un salario mínimo diario hasta por un mes, la suspensión temporal de las relaciones de trabajo por causas de fuerza mayor con el pago de un mes de sueldo o alguna modalidad similar, con el objetivo de salvar las fuentes de trabajo.

Apuntó que ahora las condiciones son distintas a lo sucedido en el mes de marzo, pues todos los negocios llegan desgastados y con menor capacidad para tener flujos.

“La preocupación es que como fue en el mes de marzo en que se prolongó el cierre de actividades, ahora pueda llegar a suceder lo mismo y se extienda la paralización de los trabajos, lo que hará que se tomen medidas más drásticas de inicio, pues es sabido que el Gobierno no dará apoyos económicos y por ende cada quien debe ver cómo salvar su situación”, externó el experto laboral.