Las políticas que ha establecido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para el sector energético violan los acuerdos nacionales e internacionales en materia ambiental, inhiben la inversión a México y terminarán impactando el bolsillo de las familias, de acuerdo con analistas.

El rumbo que ha trazado el Presidente de México en el sector energético, apuntan, contraviene principalmente al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como al Acuerdo de París, firmado en abril de 2016 en el marco de la Convención Macro de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático.

En julio pasado, el Presidente envió un memorándum a los órganos reguladores del sector energético, donde pidió priorizar y fortalecer a Pemex y a CFE, ahí “estamos violando el T-MEC potencialmente, estamos violando la legislación nacional, los tratados internacionales en materia comercial y ambiental, como el Acuerdo de París”, apuntó Óscar Ocampo, líder de proyectos de energía de Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Destacó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) produce energía significativamente más cara que los parques renovables y al mismo tiempo tendrá que comprar energía más cara, lo cual impactará en mayores tarifas en detrimento del bolsillo de los mexicanos.

Freno en renovables
En mayo pasado, la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación la política de confiabilidad del sistema eléctrico nacional, reduciendo la conexión de fuentes de energía renovable como la eólica y solar fotovoltaica, argumentando que su intermitencia genera costos de respaldo al sistema operado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Rodolfo Rueda, consejero sénior de la Práctica Internacional de Energía de Thompson & Knight, sostuvo que se está deteniendo el desarrollo de proyectos renovables.

“Vemos una afectación directa hacia detener el desarrollo de proyectos renovables, y que esto tiene una afectación a las inversiones nacionales y extranjeras”, señaló.

El experto indicó con esta política hay inseguridad jurídica.

Precisó que con los criterios regulatorios actuales hay un sesgo importante sobre el aumento del costo de cumplimiento para particulares.

Por su parte, Luis Miguel Cano, consultor legal de Greenpeace, asociación que interpuso dos amparos contra la política de confiabilidad de la Sener, dijo que si el gobierno quiere fortalecer a las empresas del Estado, las tendrían que renovar de inmediato para la explotación de fuentes renovables de energía.