El juicio contra Javier Duarte por lavado de dinero y asociación delictuosa que derivó en una sentencia de 9 años de prisión, la única que lo mantiene en prisión, llega a un momento decisivo. Dos tribunales federales decidirán en los próximos días si el proceso es reabierto, y si se da entrada a la investigación por la presunta corrupción que hubo entorno al caso.

Por un lado, el Primer Tribunal Colegiado resolverá si procede la petición de la defensa del exgobernador de Veracruz para que se le permita apelar la condena que él mismo aceptó, bajo el argumento de que las pruebas bancarias usadas en su contra se obtuvieron ilegalmente. Otros coacusados en este mismo proceso han sido absueltos por dicha razón.

Por el otro, el Séptimo Tribunal Colegiado decidirá si confirma el amparo que ya obtuvo una organización civil para acceder a la investigación iniciada en la Fiscalía General por la presunta corrupción de los fiscales del caso Duarte. A la petición de acceso a este expediente ya se sumó esta semana la Barra Mexicana de Abogados.

De acuerdo con los abogados involucrados en ambos procesos, se espera que las resoluciones de ambos tribunales se den a conocer la próxima semana.

Dichas determinaciones son cruciales debido a que están directamente relacionadas con el único de los procesos penales por el cual Javier Duarte ha sido sentenciado y permanece en el Reclusorio Preventivo Norte de Ciudad de México.

Originalmente al exgobernador se le había extraditado desde Guatemala -en 2017 – por tres casos. Uno de ellos estaba relacionado con el supuesto uso ilegal de un helicóptero en el que presuntamente huyó tras pedir licencia (octubre de 2016). Dicho proceso ya fue cerrado por falta de elementos.

El segundo caso era una acusación de la Fiscalía de Veracruz por peculado derivada del supuesto desvío de 220 millones de pesos destinados para obras hidráulicas en su gobierno. Gracias a un amparo Duarte consiguió que el caso fuera reiniciado desde cero y con el beneficio concedido por un juez de llevar el proceso en libertad.

Y el tercero caso es justamente el juicio federal por lavado de dinero promovido por la entonces PGR en contra de Duarte y que es que lo mantiene preso.

En contra del exgobernador de Veracruz también existe una orden de aprehensión por presunta desaparición forzada, pero la misma no se ha podido ejecutar ya que por ese caso no fue extraditado y el gobierno de Guatemala no ha dado su autorización para que se haga una excepción al tratado que impide procesar a personas por delitos ajenos a los requeridos inicialmente.

Inminente reapertura del proceso

Para obtener una sentencia de 9 años de prisión y no los más de 25 que se le pudieron haber impuesto por lavado de dinero y delincuencia organizada, Duarte aceptó declararse culpable voluntariamente sin llegar a juicio, recurso que permite el actual sistema penal. Animal Político reveló en este video audios y detalles de la audiencia donde todo ello ocurrió.

A cambio de que Duarte se declarara culpable, la PGR aceptó cambiarle el delito de delincuencia organizada (el más grave) por el de asociación delictuosa, lo que le permitió tener una condena reducida. El 11 de octubre de 2018 el juez responsable de ese caso, Marco Antonio Fuerte Tapia, declaró que la condena quedaba firme y cerró el proceso.

Sin embargo, en julio pasado el exgobernador promovió un recurso para que dicha sentencia fuera suspendida y se le permitiera apelar lo que el mismo aceptó. El caso llegó así al Primer Tribunal Colegiado en donde sus tres magistrados deben determinar si conceden a Duarte la posibilidad de apelar, lo que abriría la puerta para que el caso sea reabierto y se revise la sentencia.

El proyecto de resolución a cargo del magistrado Horacio Hernández Orozco apunta a que Duarte sí tiene derecho de apelar. No obstante, en la sesión realizada el 14 de noviembre pasado, otro magistrado consideró necesario que se analice con mayor profundidad los argumentos. Por ello se prevé que el asunto sea retomado la próxima semana.

Lo que los defensores de Duarte argumentan es que, si bien su cliente aceptó la responsabilidad del caso sin ir al juicio, lo hizo a partir de datos bancarios que la PGR habría recabado sin orden de un juez lo que los volvía ilegales. Desde el punto de vista de los litigantes dicha situación es suficiente para que el caso sea reabierto y eventualmente anulado.

Un antecedente que favorece la posición de los abogados de Duarte es que al menos dos procesados más en el mismo caso han logrado que jueces desestimen los procesos por la ilegalidad en las pruebas bancarias, aunque el caso del exgobernador es más complejo debido a que él aceptó ser condenado sin ir a juicio y sin que se valoraran los elementos.

Cuestionados sobre la fecha en que todo este procedimiento podría derivar en la libertad del exgobernador, los abogados indicaron que ello sería hasta el próximo año.

Los fiscales, bajo la lupa
La organización civil TOJIL: Estrategia contra la Impunidad obtuvo en junio pasado un amparo inédito: consiguió que siendo una ONG se le reconociera como “víctima” en una investigación que la Visitaduría General de la PGR (hoy FGR) inició por presuntos hechos de corrupción de los agentes del MP del caso Duarte.

Se trata de una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada justamente por TOJIL. No obstante, para poder tener acceso al expediente de la investigación e incluso participar en la misma, es necesario que se le reconozca el papel de víctima, lo que la Fiscalía no ha querido realizar.

El caso llegó al Séptimo Tribunal Colegiado luego de que la PGR interpuso un recurso en contra del amparo concedido a TOJIL, por lo que la decisión que tome dicho tribunal será definitiva en el caso.

“Ya solo estamos en espera de la resolución en una sesión que tendrá que ser pública. Solo falta que enlisten la fecha. Si se confirma la resolución favorable nos tienen que dar acceso inmediato a la investigación en calidad de víctimas” indicó Estefanía Medina, abogada cofundadora de TOJIL.

Esta semana la Barra Mexicana de Abogados presentó ante el referido tribunal una opinión jurídica formal e independiente (denominada amicus curiae) en la que considera que hay argumentos suficientes para que se reconozca la calidad de víctima de TOJIL en este caso.

Lo anterior bajo el razonamiento de que en los hechos de corrupción la afectación es para la sociedad en su conjunto y de que es necesario que la misma tenga representantes que asumen un rol activo y de contrapeso en una investigación de un caso donde se afectaron derechos colectivos.

TOJIL sostiene que indebidamente la PGR otorgó beneficios excesivos a Duarte abriéndole la puerta a una condena mínima aun cuando él era la cabeza de una posible red de corrupción. Era necesario, subraya la organización, que el caso se llevara a juicio por parte de los fiscales debido a la gravedad y trascendencia del asunto.

El propio Javier Duarte se encargó de fortalecer la hipótesis de posibles anomalías en este procedimiento al declarar hace unos meses que fue extorsionado por funcionarios de la PGR y que incluso hubo alguna exigencia económica.