La fracción del PAN en la Cámara de Diputados denunció una “distribución electorera” y con “acento político” del Presupuesto 2020, al subrayar que el gasto federalizado beneficia más a los estados gobernados por Morena rumbo a las próximas elecciones federales.

“En la asignación del presupuesto vemos el acento político de este gobierno para ir aplanando el camino hacia las elecciones de medio término.

Para 2020, el gasto federalizado destinado a los estados representa 30 por ciento del gasto neto total, pero no es equitativo, toda vez que en su mayoría beneficia a los estados gobernados por Morena, siendo la distribución adversa para las entidades de otros partidos”, acusó Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada panista en el Palacio de San Lázaro.

Advirtió por ello que los legisladores de Acción Nacional en la Comisión de Presupuesto combatirán la “distribución electorera” del gasto público y el desmantelamiento de Estado solidario y promotor del desarrollo y el crecimiento económico.

En siete gobernadas por PAN y PRI, los recursos bajaron entre 88 y 93 por ciento al cierre de septiembre, mientras que Tabasco solo ha visto reducido el apoyo federal en 7.7 por ciento, Ciudad de México en 32.4 y Veracruz en 57.5. Puebla es la excepción, con 86 por ciento.

PAN va por más recursos para el campo y seguridad Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que su bancada dará la batalla por más recursos el Presupuesto 2020 para el campo, la atención a la pobreza y la desigualdad, el desarrollo municipal y estatal, así como la seguridad.

“Más allá de los objetivos particulares, clientelares y de lucimiento de lo que pretenderían ser las obras que distinguirán el sexenio, las necesidades en materia educativa, de salud, economía familiar, obras y servicios municipales no pueden ocultarse”, remarcó.

Recordó que las organizaciones campesinas que mantienen bloqueado el Palacio Legislativo presentaron a la Junta de Coordinación Política solicitudes de ampliación presupuestal por 70 mil millones de pesos para sanidad, seguros de gastos catastróficos y comercialización, mientras el gobierno federal destina 402 mil millones de pesos a programas sociales sin reglas de operación ni padrones públicos de beneficiarios.