Tal y como se había anticipado, la guerra de precios de gasolinas es una realidad al inicio de 2018.
La apertura total del mercado de combustibles significa que el consumidor elija la gasolinera que mejor le convenga, sobre todo en negocios que le ofrecen mejores precios y considerando que hay diferencias notables.
Algunas estaciones venden gasolina Magna y Premium con precios por litro que superan los 17 y 19 pesos, respectivamente, mientras que otras ofrecen los productos en 16 y 18 pesos por litro, luego de que dejaron de existir precios máximos o un precio único determinados por el gobierno.
Así, los ajustes no llegan ahora por iniciativa gubernamental, sino por la decisión de los empresarios gasolineros, quienes pueden fijar los precios en función de variables como tipo de cambio y costos asociados de transporte, almacenamiento y distribución que tengan que cubrir para que el producto se mueva y llegue a sus estaciones para su comercialización al público en general.
A raíz de la liberalización, la variación de precios se encuentra incluso entre gasolineras operadas por un mismo grupo, ya que la cotización también depende de la ubicación geográfica de cada establecimiento.
De acuerdo con la CRE, ahora los usuarios deben monitorear los precios en las estaciones de servicio aledañas a su casa, negocio o trabajo para cargar en la que les venda más barato, en ambiente de oferta y demanda.
La CRE detalla en su Informe de Labores 2016-2017 que en marzo del año pasado se puso a disposición del público la aplicación para teléfonos móviles Gasoapp, que se identifica como una clave para el empoderamiento del consumidor, puesto que permite monitorear y comparar precios.
Al cierre de junio del año pasado la aplicación registraba un total de 29 mil 172 usuarios.
A partir de este año, la CRE podrá comunicar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en caso de que se presenten aumentos en los precios al público de los tipos de gasolinas y diesel que no correspondan a la evolución de los precios internacionales, así como de los costos que pagan por el suministro.
En esos casos, explicó el organismo, se actuaría con el objeto de que las autoridades hacendarias establezcan precios máximos al público por regiones o subregiones.
Además, la CRE contará con la facultad de establecer regulación de precios al público a partir de 2019, en caso de que la Cofece determine que no existen condiciones de competencia efectiva.