Campesinos, comerciantes, albañiles y amas de casa. Todos viven así desde hace unos tres meses, cuando supieron que el gobierno federal modernizará las vías del Tren Transístmico, como parte del Corredor Interoceánico con el cual se pretende fortalecer el comercio de mercancías desde el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz.
Aquí, en esta comunidad del municipio de Santa María Petapa, viven Emilia Miguel y Emilio Pacheco. La preocupación que los carcome se debe a que el trabajo de todos sus años lo transformaron en una pequeña vivienda a la orilla de las vías del tren.
No es la única, a lo largo de todo el trazo que cruza Rincón Viejo las propiedades casi rozan las durmientes metálicas. Y aunque saben que las vías serán rehabilitadas, dicen que nadie del gobierno federal les ha informado qué sucederá con ellos y su patrimonio.
En realidad, en Santa María Petapa se sabe poco de este megaproyecto que busca el desarrollo del Istmo de Tehuantepec y que ha convertido en su columna vertebral al tren que atraviesa esta localidad, la misma donde funciona la principal oficina de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).
A esta oficina se han presentado decenas de familias, quienes piden ayuda para no ser desalojadas, como han escuchado que podría suceder cuando se lleve a cabo la rehabilitación de las vías del Tren Transístmico.
Hasta el momento, alrededor de 30 jefes de familia son los que han acudido a pedir ayuda. Todos ellos y sus parientes se instalaron, desde hace 50 años, al lado de las vías de un tren que creían extinto.
Nadie les dijo nada en aquellos años, pero ahora están preocupados porque personas que afirman pertenecer a Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C. V., han llegado a amenazarlos y les dicen que tienen que desalojar el derecho de vía, explica Andrés Pérez, colaborador de esta oficina.
De acuerdo con el asesor de la Ucizoni, Carlos Beas Torres, cerca de las vías del Tren Transístmico que atraviesa seis municipios viven 500 familias, 150 se encuentran ubicadas en la zona norte. Otros puntos de riesgo son el puerto de Salina Cruz y el ejido El Jordán, perteneciente a Tehuantepec.
“Estamos hablando de unas 2 mil personas que podrían ser desalojadas si se impone el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, lo que dejaría en el aire el discurso de ‘primero los pobres’”, señala.
¿Progreso?
Hace apenas un mes, del 19 al 31 de agosto, la Procuraduría Agraria (PA) y funcionarios del órgano desconcentrado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec realizaron asambleas de información y consulta con propietarios de 31 ejidos por donde pasa el transístmico, para conocer los problemas que enfrentan con dependencias federales como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pero a la gente de Rincón Viejo no la convocaron.
“No nos invitaron, a pesar de que ahí se realizó la última reunión y por esa razón nuestra gente está muy preocupada. No sabemos qué va a pasar. Lo único que nos dicen es que ese plan del Istmo va a traer empleos y progreso”, comenta Andrés Pérez.
Andrés no habla convencido, dice que no saben cómo se podría llevar progreso y empleo a la comunidad si lo primero que se hace es desalojar a las familias de sus casas y a los campesinos de sus tierras.
“En todas las reuniones que hicieron los del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y las que organizaron los de la Procuraduría Agraria, nadie nos explicó qué pasará con nuestras tierras. Únicamente dicen que nos beneficiará. ¿Cómo?”, se pregunta el asesor.
El coordinador de Derechos Indígenas del INPI, Hugo Aguilar, no puede responder esa pregunta; sin embargo, asegura que esa dependencia vigilará que en la zona norte del Istmo, donde están asentadas las familias cerca de las vías, no se presenten desalojos “violentos” que transgredan los derechos de las comunidades.
“Desde este momento se lo aseguro, no habrá desalojos contra ninguna comunidad indígena. Verificaremos que sean protegidos sus derechos. Estaremos atentos para que todas las poblaciones tengan un trato justo, de respeto y sin que sean víctimas de violencia”, se compromete Hugo Aguilar.
“Ya lo han expresado en mantas y cartulinas, la prioridad de los pueblos no es el tren, son los hospitales, las clínicas, las escuelas, los empleos y el desarrollo del campo (...) los pueblos se van a organizar y van a resistir”, vaticina Beas Torres, el asesor de la Ucizoni.