Álvarez-Buylla dirige el Conacyt en la ilegalidad
No se ha escuchado ni tomado en cuenta a la Junta de Gobierno del consejo
El Universal
Ciudad de México / 2019-08-02 - 07:56
Ciudad de México / 2019-08-02 - 07:56
En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) sólo se escucha una voz, la de su directora, María Elena Álvarez-Buylla, a pesar de que existen órganos colegiados que también deben incidir en la política científica del país. Al menos eso ha sucedido desde que Álvarez-Buylla asumió las riendas del Consejo, el 1 de diciembre pasado, debido a que ha tomado decisiones unipersonales que violan la ley.
En los últimos meses, la doctora Álvarez-Buylla ha implementado recortes, adecuaciones presupuestales a programas, modificaciones a Fondos, nombramientos de directores adjuntos, aperturas de nuevos fideicomisos, todo ello sin la autorización de la Junta de Gobierno del Conacyt, contrario a lo que marca la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Aunque la directora fue designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la única instancia que tiene la facultad de hacer cambios en Conacyt es la Junta de Gobierno. Sin embargo, desde que llegó la doctora Álvarez-Buylla no se ha celebrado ninguna sesión con ellos.
Una de las atribuciones de la Junta de Gobierno es: “Aprobar la constitución, modificación o extinción de todas las modalidades de Fondos Conacyt a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología y los criterios para la celebración de convenios para la constitución, modificación o extinción de Fondos Sectoriales, Mixtos e Internacionales, así como de los contratos, las reglas de operación y programas de los Fondos Institucionales”, se lee en el artículo 6, fracción I, de la Ley Orgánica del Conacyt.
La Junta de Gobierno está integrada por 13 miembros: representantes de secretarías federales como Hacienda, Economía, Educación Pública, Medio Ambiente, Energía, Agricultura, Salud; así como por voces de la sociedad civil: un miembro de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y otro del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
“Se está faltando a la ley de manera flagrante. La doctora Álvarez-Buylla tendrá 10 en investigación científica, pero cero en administración pública; la Junta de Gobierno no le ha dado el respaldo jurídico para actuar, erogar o avalar decisiones. Al momento de realizar gastos públicos, sin el consentimiento del órgano que debe autorizarlos, ya está actuando de manera autócrata. Aquí hay evidencias claras para la Secretaría de la Función Pública de que no se respeta la legalidad”, señala Fausto Kubli-García, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Abuso de funciones. Uno de los nuevos proyectos insignias de esta administración del Conacyt son los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces), que de acuerdo con el propio Consejo, buscan diseñar políticas de Estado en materia de ciencia y tecnología que incurran en la investigación de las causas y soluciones de los problemas que más apremian al país. Los Pronaces, que se han manejado de forma discrecional —pues no han emitido convocatorias—, ya están vigentes, pero tampoco han sido legalmente autorizados.
La fracción II, artículo 6, de la Ley Orgánica de Conacyt dicta que la Junta de Gobierno debe de “aprobar las políticas y los programas del Conacyt a propuesta del Director General, así como autorizar y expedir las reglas de operación de los programas sustantivos, o sus modificaciones”.
Sucede algo similar con la designación de los nuevos directores adjuntos, como María del Carmen De la Peza, Andrés Triana Moreno o José Alejandro Díaz debido a que sólo la Junta puede “nombrar, a propuesta del Director General, a los servidores públicos del Conacyt que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél”, se lee en la fracción XIX, artículo 6 de la mencionada Ley Orgánica.
La directora Álvarez-Buylla ha solicitado a los 26 Centros Públicos de Investigación (CPIs) del país reducir su presupuesto, a pesar de que, desde hace unos años, gran parte de los CPIs ya operaban en números rojos. La austeridad forzó a los Centros a tomar medidas drásticas para tratar de liquidar servicios elementales como la luz y el agua y no detener lo sustancial: investigación científica.
Sin embargo, estos ajustes presupuestales tampoco han tenido el visto bueno de la Junta, ya que sólo esta instancia puede “aprobar las disposiciones y criterios para racionalizar el gasto administrativo y autorizar las erogaciones identificadas como gasto sujeto a criterios de racionalidad”, dicta la fracción XII.
“No cumplir con lo que establece la ley es causa de responsabilidad, o sea que si existiera un verdadero Estado de derecho en México, la doctora Álvarez-Buylla entraría en un proceso de responsabilidades de servidores públicos por hacer gastos o cambios que no son de su competencia”, expone el doctor Kubli-García.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que los funcionarios públicos “incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios”, promulga el artículo 57, en el Capítulo II: De las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos.
Sin contrapesos. “No convocan a la Junta de Gobierno para irse por la libre, para llevar a este organismo a intereses personales o ideológicos. La existencia de órganos colegiados son fundamentales en la toma de decisiones. El gran problema es que el nuevo Conacyt busca dejar la política científica en una sola persona, pero justamente se construyó de manera contraria para que se involucren más voces, más ópticas, existan contrapesos, porque está demostrado que la concentración del poder produce tiranía”, apunta el doctor Fausto Kubli-García.
No es la primera vez que la 4T amaga con eliminar los órganos colegiados de la política científica.
En febrero, la senadora por Morena Ana Lilia Rivera mandó una iniciativa para reformar la Ley de Ciencia que atentaba contra la libertad de investigación y borraba del mapa a siete instituciones para otorgar el control absoluto a la Dirección del Conacyt.
Ahora, la doctora Álvarez-Buylla asfixia al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, un órgano autónomo y de permanente consulta en la Junta de Gobierno, al detener el presupuesto que por ley le corresponde.
“El Conacyt otorgará (...) los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente”, establece la Ley de Ciencia.
La excusa es que el Foro Consultivo, por ser asociación civil, no puede recibir recursos, pero Álvarez-Buylla ya ha concedido más de un millón de pesos a otras asociaciones.
En los últimos meses, la doctora Álvarez-Buylla ha implementado recortes, adecuaciones presupuestales a programas, modificaciones a Fondos, nombramientos de directores adjuntos, aperturas de nuevos fideicomisos, todo ello sin la autorización de la Junta de Gobierno del Conacyt, contrario a lo que marca la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Aunque la directora fue designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la única instancia que tiene la facultad de hacer cambios en Conacyt es la Junta de Gobierno. Sin embargo, desde que llegó la doctora Álvarez-Buylla no se ha celebrado ninguna sesión con ellos.
Una de las atribuciones de la Junta de Gobierno es: “Aprobar la constitución, modificación o extinción de todas las modalidades de Fondos Conacyt a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología y los criterios para la celebración de convenios para la constitución, modificación o extinción de Fondos Sectoriales, Mixtos e Internacionales, así como de los contratos, las reglas de operación y programas de los Fondos Institucionales”, se lee en el artículo 6, fracción I, de la Ley Orgánica del Conacyt.
La Junta de Gobierno está integrada por 13 miembros: representantes de secretarías federales como Hacienda, Economía, Educación Pública, Medio Ambiente, Energía, Agricultura, Salud; así como por voces de la sociedad civil: un miembro de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y otro del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
“Se está faltando a la ley de manera flagrante. La doctora Álvarez-Buylla tendrá 10 en investigación científica, pero cero en administración pública; la Junta de Gobierno no le ha dado el respaldo jurídico para actuar, erogar o avalar decisiones. Al momento de realizar gastos públicos, sin el consentimiento del órgano que debe autorizarlos, ya está actuando de manera autócrata. Aquí hay evidencias claras para la Secretaría de la Función Pública de que no se respeta la legalidad”, señala Fausto Kubli-García, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Abuso de funciones. Uno de los nuevos proyectos insignias de esta administración del Conacyt son los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces), que de acuerdo con el propio Consejo, buscan diseñar políticas de Estado en materia de ciencia y tecnología que incurran en la investigación de las causas y soluciones de los problemas que más apremian al país. Los Pronaces, que se han manejado de forma discrecional —pues no han emitido convocatorias—, ya están vigentes, pero tampoco han sido legalmente autorizados.
La fracción II, artículo 6, de la Ley Orgánica de Conacyt dicta que la Junta de Gobierno debe de “aprobar las políticas y los programas del Conacyt a propuesta del Director General, así como autorizar y expedir las reglas de operación de los programas sustantivos, o sus modificaciones”.
Sucede algo similar con la designación de los nuevos directores adjuntos, como María del Carmen De la Peza, Andrés Triana Moreno o José Alejandro Díaz debido a que sólo la Junta puede “nombrar, a propuesta del Director General, a los servidores públicos del Conacyt que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél”, se lee en la fracción XIX, artículo 6 de la mencionada Ley Orgánica.
La directora Álvarez-Buylla ha solicitado a los 26 Centros Públicos de Investigación (CPIs) del país reducir su presupuesto, a pesar de que, desde hace unos años, gran parte de los CPIs ya operaban en números rojos. La austeridad forzó a los Centros a tomar medidas drásticas para tratar de liquidar servicios elementales como la luz y el agua y no detener lo sustancial: investigación científica.
Sin embargo, estos ajustes presupuestales tampoco han tenido el visto bueno de la Junta, ya que sólo esta instancia puede “aprobar las disposiciones y criterios para racionalizar el gasto administrativo y autorizar las erogaciones identificadas como gasto sujeto a criterios de racionalidad”, dicta la fracción XII.
“No cumplir con lo que establece la ley es causa de responsabilidad, o sea que si existiera un verdadero Estado de derecho en México, la doctora Álvarez-Buylla entraría en un proceso de responsabilidades de servidores públicos por hacer gastos o cambios que no son de su competencia”, expone el doctor Kubli-García.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que los funcionarios públicos “incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios”, promulga el artículo 57, en el Capítulo II: De las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos.
Sin contrapesos. “No convocan a la Junta de Gobierno para irse por la libre, para llevar a este organismo a intereses personales o ideológicos. La existencia de órganos colegiados son fundamentales en la toma de decisiones. El gran problema es que el nuevo Conacyt busca dejar la política científica en una sola persona, pero justamente se construyó de manera contraria para que se involucren más voces, más ópticas, existan contrapesos, porque está demostrado que la concentración del poder produce tiranía”, apunta el doctor Fausto Kubli-García.
No es la primera vez que la 4T amaga con eliminar los órganos colegiados de la política científica.
En febrero, la senadora por Morena Ana Lilia Rivera mandó una iniciativa para reformar la Ley de Ciencia que atentaba contra la libertad de investigación y borraba del mapa a siete instituciones para otorgar el control absoluto a la Dirección del Conacyt.
Ahora, la doctora Álvarez-Buylla asfixia al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, un órgano autónomo y de permanente consulta en la Junta de Gobierno, al detener el presupuesto que por ley le corresponde.
“El Conacyt otorgará (...) los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente”, establece la Ley de Ciencia.
La excusa es que el Foro Consultivo, por ser asociación civil, no puede recibir recursos, pero Álvarez-Buylla ya ha concedido más de un millón de pesos a otras asociaciones.
