Antes de los 35 cadáveres que fueron lanzados en Plaza Américas de Boca del Río, Veracruz, el 20 de septiembre de 2011, hubo otra masacre igual o peor de cruel.
Datos oficiales indican que entre 2010 y 2017 unas 553 personas terminaron sepultadas en fosas clandestinas en Veracruz.
Un documento entregado por la Fiscalía General del Estado (FGE) evidencia diversos puntos en la geografía veracruzana, en los cuales exhumaron restos humanos que simplemente fueron ocultados por el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
El 10 de septiembre de 2015, por ejemplo, la prensa local en Alvarado dio cuenta del movimiento de numerosas camionetas de la Policía Ministerial y fuerzas armadas que tomaban lanchas para cruzar la laguna rumbo a un islote, frente a la colonia Los Almendros, en los bajos del puente que cruza el Papalopan.
Los reportes señalaban que los ministeriales habían encontrado varios cadáveres semienterrados en ese islote, pero la Fiscalía de inmediato se encargó de dar la versión de que no había víctimas, que sólo se trataban de “bolsas de excremento de caballo”.
Pese a las protestas de madres de colectivos que demandaban saber qué había pasado ese día, la Fiscalía no emitió información oficial, el tema quedó en un trascendido. Sin embargo, en la presente administración se dio a conocer que por ese evento, el personal de periciales localizó tres fosas, de las cuales se sacaron 38 restos humanos.
Es decir, no cuerpos enteros, sino hechos pedazos, y los habían lanzado desde lanchas al islote frente a la colonia Los Almendros, tal cual hicieron en el predio El Arbolillo, también en Alvarado, del cual se rescataron 47 cráneos de ocho fosas.
Al responder la solicitud de información 01597217, la Fiscalía de Veracruz destacó el descubrimiento en El Almendro, así como otros en distintos puntos del estado: Álamo Temapache, Tamiahua, Poza Rica, Tihuatlán, Alto Lucero y Cosamaloapan.
ANTES DE PLAZA AMÉRICAS
Otro caso es el hallazgo de 27 fosas clandestinas en el rancho El Renacimiento, en la zona norte de la ciudad de Veracruz, el 6 de septiembre de 2011, dice el reporte oficial al que se tuvo acceso.
Y, según las fechas marcadas, este evento se dio cuatro días antes de la matanza de Plaza Américas, hecho atribuido mediante redes sociales por un grupo de la delincuencia organizada.
Iniciaba por esas fechas el Gobierno de Duarte de Ochoa en medio de la turbulencia, la disputa de los cárteles, las tropelías dejadas a su paso por Fidel Herrera Beltrán y “los niños de la Fidelidad”.
De esa masacre, hasta ahora, sólo se conocían rumores que hablaban de docenas de cuerpos que habían sido apilados y semisepultados cerca de un punto conocido como Las Casas Fantasmas, dentro del polígono ejidal de San Julián, muy cerca de lo que hoy es Colinas de Santa Fe.
En esa ocasión, los pocos reporteros que dieron cuenta del movimiento policíaco resultaron amenazados por la delincuencia y las autoridades, incluso, mismos periodistas se prestaron al acoso y evitar que ese “rumor” siguieran corriendo en las redacciones o que llegara a oficinas de medios nacionales en la Ciudad de México.
En esos días, varios periodistas recibieron llamadas en las que los amedrentaban y les prometían un destino mortal si seguían preguntando o se escribía de ese tema en Renacimiento.
Y aunque el informe aportado por la Fiscalía de Jorge Wínckler es escueto, sienta el precedente oficial hasta ahora no conocido de esa masacre.
Según el reporte oficial dado a conocer por la nueva administración, en esas 27 fosas se localizaron 59 restos humanos, los cuales fueron exhumados, sin precisar el número total de víctimas.
En concordancia con las fechas, este acto violento antecedió a la masacre en Plaza Américas, minimizada por la entonces vocera del duartismo, Gina Domínguez Colio, quien destacó que la mayor parte de esos muertos eran integrantes de Los Zetas o delincuentes; aunque días después el diario Notiver dio a conocer que eran menos de diez las víctimas con antecedentes.
En esa pila de muertos había niños, mujeres y elementos de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, hasta un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional.
A esta matanza en Renacimiento y en Plaza Américas debe agregarse la de Portezuelos, dada a conocer por BlogExpediente y el semanario Proceso en 2015, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) transparentó la visita de su personal y peritos en noviembre de 2011 al poblado de Portezuelos, en Manlio Fabio Altamirano, según la respuesta a la solicitud de información 0001700251115 en la que expone que el sangriento hecho se ubicó “en noviembre de 2011, con el hallazgo de dos fosas ubicadas en un mismo terreno, la primera con 11 hombres y cuatro mujeres; la otra, con seis hombres y una mujer”.
En el informe oficial de la Fiscalía General de Veracruz también se da a conocer el punto conocido como La Bodega, en Alto Lucero, en donde se localizó, el 3 de abril de 2013, una fosa clandestina de la cual se rescataron 25 restos humanos.
MÁS FOSAS CON DUARTE
En el análisis a los datos aportados por la Fiscalía, se expresa que de 2010 a noviembre de 2017, en Veracruz habían sido localizados 310 entierros clandestinos, de los cuales han sacado 553 víctimas.
A esos resultados se deben sumar los grandes eventos como Colinas de Santa fe y Arbolillo, cuya gestación se dio y toleró con el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Colinas de Santa Fe fue localizado gracias al esfuerzo de las madres del colectivo el Solecito y Arbolillo por un trabajo de inteligencia elaborado por la Secretaría de Marina Armada de México para localizar a tres infantes quienes habían sido privados de la libertad en el puerto jarocho, a principios del 2017, y quienes aparecieron sin vida en Arbollilo.
Según los números, fue durante el Gobierno de Duarte cuando se han generado más fosas clandestinas, con 163 agujeros y 234 víctimas.
En lo que va del Gobierno de Miguel Angel Yunes Linares se han localizado 22 fosas con 67 víctimas.
El año de mayor incidencia de este delito, es 2014, con 49 fosas y 85 víctimas; después sigue el 2012, de 46 fosas y 52 muertos y el 2015, 27 fosas y 37 muertos.
Coatzacoalcos, Agua Dulce, Tres Valles, Álamo y el puerto jarocho son los municipios con mayor número de cementerios de la delincuencia.
En el documento no se informa si hay personas detenidas por cada uno de los eventos, dejando entrever el alto grado de impunidad para este delito, lo mismo que fue señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el informe especial de desapariciones forzadas y fosas clandestinas en México, este año.