El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, apeló la sentencia de nueve años de prisión y la multa de 58 mil 890 pesos que le fue impuesta por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, derivado de los presuntos desvíos de recursos en Veracruz.
Según fuentes del Poder Judicial de la Federación, señalan que Duarte de Ochoa presentó la impugnación ante el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, esto en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
Tras lo anterior, Fuerte Tapia deberá turnar el recurso interpuesto por Javier Duarte a un tribunal unitario de la Ciudad de México, el cual determinará si la sentencia queda firme, es revocada, la modifican o se ordena la reposición.
Cabe mencionar que si el fallo de la segunda instancia no favorece a Javier Duarte, el exgobernador podría presentar una demanda de amparo directo, que deberá resolver un tribunal colegiado como última instancia.
De acuerdo a lo que publica Reforma, aunque tenían posibilidad de hacerlo, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no apelaron la sentencia condenatoria que le fue dictada a Duarte de Ochoa.
El periódico de circulación nacional señala que, si bien la condena contra Duarte comprende varios aspectos, el recurso interpuesto por el exmandatario veracruzano busca combatir la pena de prisión.
La sentencia dictada el pasado 26 de septiembre por el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, además de la pena corporal se impuso a Javier Duarte una amonestación para que no vuelva a incurrir en un delito y la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo que se encuentre en prisión.
Fuerte Tapia descartó condenar a Duarte a la reparación del daño, pues los delitos que se le imputan no lo contemplan, y a la inhabilitación de cargos públicos por el plazo de su pena de prisión, en este caso porque la Procuraduría General de la República retiró su solicitud para imponer dicha sanción.
Si la sentencia contra Duarte no es modificada en las instancias de apelación y amparo, el exgobernador de Veracruz tendrá el derecho a solicitar su libertad anticipada en el mes de octubre del año 2021, fecha en la que se cumple el 50 por ciento del castigo impuesto.