Antonio Gómez Pelegrín fue el último secretario de Finanzas que acompañó al exgobernador Javier Duarte en Veracruz.

Aunque estuvo un año y siete meses en el cargo, el funcionario está relacionado con irregularidades, ocurridas en 2016, por 7 mil 458 millones de pesos provenientes de recursos públicos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la República (ASF).

De acuerdo con el ranking ¿Fuiste Tú?, se trató del segundo posible desvío más grande de recursos federales por parte de una dependencia, de acuerdo con la revisión de la cuenta pública 2016 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Durante su gobierno, Javier Duarte cambió al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación en seis ocasiones. Gómez Pelegrín tomó el cargo el 17 de marzo del 2015 al 14 de noviembre del 2016. Semanas antes de dejar la secretaría, el funcionario aceptó que Duarte daba instrucciones de tomar recursos federales y utilizarlos para el gasto corriente o nómina.

“Prácticamente se dio como hábito, como mecanismo”, comentó en entrevista con Radio Fórmula en noviembre del 2016.

Pelegrín, político priista que inició su carrera en 1970, reconoció entonces que estuvo al tanto de la estrategia y dijo que asumía “la responsabilidad que pudiera tener, por omisión o acción”. Días después de esta declaración, renunció al cargo.

Actualmente, Gómez Pelegrín tiene una orden de aprehensión en su contra girada por un juez de Veracruz por posibles hechos de corrupción ligados a desvíos de recursos y se le considera prófugo de la justicia, de acuerdo con la Fiscalía de Justicia en Veracruz.

El funcionario está involucrado con irregularidades millonarias, según la auditoría financiera y de cumplimiento 16-A-30000-02-1659, del informe de la cuenta Pública 2016 difundido en octubre pasado.

Las irregularidades

Según el informe de la ASF, en 2016, mientras Pelegrín estuvo al frente de la Secretaría de Finanzas y Planeación, recibió 27 mil 724 millones de pesos correspondientes a las Participaciones Federales a Entidades Federativas, recursos entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las entidades y que no tienen un destino específico en el gasto de los gobiernos.

De ese total, la ASF auditó 20 mil 868 millones, de los cuales la secretaría de finanzas veracruzana no pudo comprobar 7 mil 458 millones de pesos.

La ASF encontró que el dinero no comprobado se utilizó para realizar pagos no reportados ni justificados, remuneraciones en exceso a trabajadores; otra parte de esos recursos ni siquiera fue evidenciada. Al 16 de julio pasado, los recursos seguían sin recuperarse o aclararse.

De acuerdo con los auditores, el gobierno de Veracruz no presentó documentación comprobatoria de los subsidios a organismos descentralizados, autónomos y otras ayudas, por 5 mil 354 millones de pesos.

Tampoco rindió cuentas por otros mil 189 millones de pesos, que se desglosan en: 255 millones para “servicios generales” y 934 millones por “recursos pagados no identificados”, según el texto de la auditoría.

La ASF también constato? que el gobierno de Veracruz pagó sueldos que excedieron los autorizados en el "Tabulador de Sueldos para los Servidores Pu?blicos de las Dependencias y Entidades" a mil 290 personas por un total de 75 millones de pesos, luego de analizar a los pagos a 17 mil 983 empleados de 9 dependencias locales.

Por otro lado, la Tesorería de la Federación (TESOFE) de la SHCP entregó 839 millones a la entidad fiscalizada por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) participable, pero “no entregó evidencia del ejercicio 2016 enterado a la Federación, por lo que no se pudo verificar que corresponda al ISR retenido por los salarios del personal adscrito” al gobierno local.

En las conclusiones, la ASF estableció que “los objetivos de las Participaciones Federales se cumplieron de manera marginal, ya que el gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no presento? documentación comprobatoria ni justificativa del gasto por 6 mil 543 millones (31.4% de la muestra auditada)”.

La ASF determinó que mientras Gómez Pelegrín estuvo en la Secretaría de Finanzas y Planeación, “el gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no realizo? una gestión eficiente ni transparente de los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas”.

¿Qué se hubiera hecho con el dinero desviado?

Con ese dinero se hubiera podido alimentar durante un año a casi medio millón de niñas y niños en Veracruz.

O se pudo haber alimentado, por un año, al 34% de los veracruzanos en pobreza extrema, de acuerdo a estimaciones hechas basadas en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).